Entidades denuncian que el 30% de las infracciones a los derechos lingüísticos de los valencianohablantes ocurre en el ámbito educativo.
Un informe reciente, presentado por diversas entidades en Alicante ante el Síndic de Greuges, documenta 153 casos de violaciones a los derechos lingüísticos de valencianohablantes, destacando que un 30,5% de estas situaciones tiene su origen en el ámbito educativo, principalmente vinculado con la aplicación de la llamada ley de Libertad Educativa. La administración pública es el segundo área con más infracciones, con un 25,3%.
El dictamen fue elaborado conjuntamente por Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant lo Blanc, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, BEA, SEPC, STEPV, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet, Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals, ACICOM, Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) y -NOS. Estas entidades aprovecharon la ocasión, coincidiendo con el Día de los Derechos Lingüísticos en el País Valencià, para subrayar la importancia de atender estas vulneraciones y promover la normalización del uso del valenciano.
Este año ha sido notable por un cambio significativo en las tipologías de vulneraciones, con la educación como principal foco, representando más de un 30% del total de los casos reportados. Las cifras apuntan a la “mal llamada” ley de Libertad Educativa —también conocida como “ley Rovira”— como causante de serios problemas relacionados con la garantía de derechos lingüísticos en este ámbito, una norma aplicada bajo la gestión reciente de José Antonio Rovira en el Consell.
El informe también resalta cambios en la geografía de las infracciones, con un aumento en las comarcas centrales, aunque tradicionalmente las comarcas del sur habían presentado más casos. Esto indica que el problema se está extendiendo por todo el territorio, requiriendo atención urgente.
Se ha detectado además un incremento de vulneraciones en el sector privado, lo que refleja una mayor conciencia y disposición de denuncia entre las personas para defender sus derechos lingüísticos. A pesar de ciertas variaciones, las instituciones públicas siguen siendo un foco considerable de violaciones, exacerbado, según las entidades, por el nuevo gobierno apoyado por PP y Vox, lo que ha incrementado las incidencias en servicios públicos.
El informe es producto de un esfuerzo colaborativo entre diversas organizaciones sociales y culturales, ofreciendo un análisis exhaustivo que identifica patrones de vulneración y zonas particularmente afectadas. Las entidades instan a la Generalitat a restablecer la Oficina de Derechos Lingüísticos con capacidad sancionadora, respuesta ya propuesta en el informe de 2024, y siguen comprometidas a apoyar a la ciudadanía en la reivindicación de sus derechos lingüísticos.
Esteve Juan, del equipo directivo de Escola Valenciana, reafirma la dedicación a trabajar por un modelo que promueva y respete el valenciano, instando a la Generalitat Valenciana a adoptar medidas para proteger estos derechos con la misma determinación que en otros sectores.
