Desclasificar el suelo del PAI de Benimaclet Est costaría 11,5 millones, según un informe de la Universitat de València

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La desclasificación total del suelo del Sector 4-PRR “Benimaclet” del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de València –sobre el que se proyecta el Plan de Actuación Integral (PAI) de Benimaclet Est– supondría al consistorio un coste de 11,49 millones de euros.

Esta es una de las conclusiones que ha obtenido un grupo de expertos de la Universitat de València a partir de un convenio que suscribieron con la asociación Cuidem Benimaclet y la Associació Veïnal de Benimaclet, que se ha presentado este jueves. El documento constata: “No existe ningún impedimento legal para una operación de desclasificación del suelo” de este sector, ni para “operar una modificación de menor calado tendente a reducir la edificabilidad del sector”.

Sobre estos terrenos se proyecta el PAI de Benimaclet Est, para el que la constructora Metrovacesa propone la construcción de 1.350 viviendas, el 30 por ciento de ellas de VPO, en torres que en los extremos pueden alcanzar las 30 alturas. Ya en diciembre, miembros de la plataforma ‘Cuidem Benimaclet’, entregaron más de mil solicitudes al consistorio para acabar con este PAI, y se han realizado manifestaciones en su contra.

Para los expertos, cualquiera de estas dos soluciones “constituiría una solución mucho más acorde” a las “consideraciones ambientales y de sostenibilidad imperantes en este momento”, ya que han transcurrido 30 años desde la aprobación del PGOU.

Asimismo, consideran “sobredimensionada” la planificación urbanística que rige este plan y destacan que “las previsiones de crecimiento demográfico y de necesidad de nueva vivienda tanto en toda la ciudad como en el distrito de Benimaclet” se han visto “sistemáticamente desmentidas por la realidad de la evolución de estos indicadores”, algo que “elimina cualquier posible reticencia o crítica jurídica a una posible desclasificación o sustancial reducción de la edificabilidad alegando la necesidad de vivienda”.

Respecto al coste, los expertos calculan que se situará, aproximadamente, en 14,3 millones de euros, a lo que, según los expertos, habría que restar los 2,81 millones de beneficios derivados de operaciones urbanísticas sobre el sector que reconoce una sentencia de julio de 2019.

A la luz de estas conclusiones, el informe destaca que rediseñar la planificación de este sector, ya sea desclasificando o reduciendo la edificación, “no solo es una directriz política deseable, jurídicamente posible y económicamente coherente con el marco legal vigente”, sino que además es “en muchos de sus aspectos, una obligación legal estricta, derivada del actual marco legal vigente de protección de l’Horta de València”.

Para ello, plantean la integración de esta zona como un “paisaje periurbano de huerta”, similar a zonas como el Parc Agrari del Baix Llobregat de Barcelona.

 

 

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