La nave almacenaba motores y elementos de carrocería procedentes de vehículos siniestrados, con destino a terceros países.
El grupo de Medio Ambiente de la Policía de la Generalitat Valenciana ha localizado en una nave industrial de l’Horta Sud una actividad ilegal que se aprovechaba del caos generado por la DANA del pasado mes de octubre.
En el interior, los agentes hallaron centenares de motores y piezas de carrocería que, según la investigación, procedían de vehículos adquiridos en desguaces y que habían sido afectados por las inundaciones. Estas piezas eran desmontadas sin control y enviadas posteriormente a terceros países, saltándose las normativas de gestión de residuos y tratamiento de materiales contaminantes.
Herencia de la DANA: miles de vehículos siniestrados
La DANA de octubre de 2024 dejó un rastro de destrucción que todavía hoy se gestiona. Entre los daños más visibles, miles de vehículos quedaron inservibles tras ser arrastrados por las aguas. Su tratamiento debía realizarse bajo estrictos protocolos medioambientales para evitar la liberación de aceites, combustibles y metales pesados al entorno.
Sin embargo, la magnitud del desastre también abrió la puerta a negocios clandestinos. Algunos vieron en esta situación una oportunidad para lucrarse, desviando coches siniestrados hacia canales ilegales de despiece y venta de componentes.
Control y vigilancia reforzada
La Generalitat había puesto en marcha controles específicos para garantizar que los vehículos afectados fueran tratados en centros autorizados de tratamiento (CAT). Aun así, la realidad ha demostrado que el volumen de siniestros permitió que talleres y naves no autorizadas operaran al margen de la ley.
El hallazgo de esta nave en l’Horta Sud es fruto de esas labores de vigilancia reforzada. Allí, los investigadores documentaron la presencia de motores, puertas, capós y otros elementos apilados, listos para su exportación sin pasar por ningún tipo de certificación.
Próximos pasos: sanciones y prevención
La unidad de Medio Ambiente remitirá los informes a las autoridades competentes para abrir expedientes sancionadores y determinar posibles responsabilidades penales. Además, se estudian nuevas medidas para prevenir este tipo de prácticas y frenar la exportación ilegal de piezas que, en muchos casos, proceden de vehículos declarados siniestro total.
Fuentes policiales recuerdan que, además del perjuicio económico para el sector legal del reciclaje de vehículos, este tipo de actividades suponen un riesgo medioambiental y de seguridad vial si las piezas acaban reutilizándose sin garantías.
