Desmantelan taller mecánico ilegal en Algorfa: su propietario podría enfrentarse a sanciones de hasta 100.000 euros
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Guardamar ha desmantelado un taller mecánico que operaba sin la correspondiente autorización en Algorfa. El responsable del establecimiento podría recibir multas que alcanzarían los 100.000 euros.
La reparación de vehículos en un taller no autorizado supone un grave riesgo ambiental y para el dueño del coche, quien no recibiría documentación que avale un presupuesto o garantía de las reparaciones. En caso de necesitar realizar un reclamo, generalmente no pueden probar que el vehículo fue reparado en dicho lugar.
Durante una vigilancia en una zona rural de Algorfa, los agentes del SEPRONA descubrieron estas instalaciones y procedieron a una inspección. El responsable no pudo presentar ni licencia de apertura, ni ambiental, ni registro industrial. Además, el local carecía de la placa identificativa requerida para talleres mecánicos y no acreditaba la gestión adecuada de residuos peligrosos generados, como aceites usados, líquidos, filtros, baterías o neumáticos.
El responsable manifestó que solo reparaba coches de familiares y amigos, pero en el interior del taller fueron hallados siete vehículos en reparación y otros trece vehículos junto a una grúa en el exterior.
Este tipo de operaciones ilegales representa una amenaza seria al medio ambiente, ya que los residuos de automóviles son altamente peligrosos. Estos deben ser gestionados por entidades acreditadas para asegurar su reciclaje o eliminación adecuada, evitando la contaminación de la naturaleza.
Además, estas prácticas constituyen una competencia desleal que perjudica a los talleres regulados y no ofrecen seguridad al consumidor. La percepción de ahorro se desvanece al comprobarse que suelen utilizar recambios sin trazabilidad ni garantía, lo que menoscaba los derechos del cliente.
El infractor, un hombre de 42 años residente de Torrevieja, enfrenta sanciones que oscilan entre 2.001 y 100.000 euros por infracciones graves. Estas podrían incluir el cierre del local, cese de actividad y la obligación de reparar cualquier daño ambiental ocasionado.
