Alicante, 26 de noviembre de 2025
Un informe del secretario-interventor del Ayuntamiento de L’Alqueria d’Asnar, en Alicante, evidencia una “gestión irregular de fondos públicos realizados fuera del sistema económico municipal”. Esta situación surge a raíz de que el alcalde de la localidad, César Palmer, denunciara ante la Guardia Civil el robo de 6.300 euros en efectivo, dinero recaudado de servicios municipales que se encontraba en su despacho.
El documento señala que no se tiene conocimiento del estado de la tramitación de dicha denuncia ni de su resolución, ya que no está registrada en el departamento de Intervención. Este informe, elaborado el 25 de noviembre de 2025, tiene como objetivo examinar la gestión del efectivo recaudado en la piscina municipal, analizar el proceso relacionado con su recogida, custodia, uso y posterior robo, así como determinar su conformidad con el marco jurídico económico-presupuestario.
El interventor declara que nunca fue informado sobre la existencia de dicho efectivo ni sobre su custodia inusual y que tampoco hubo notificación oficial del robo. Puntualiza que custodiar fondos públicos en un despacho político sin habilitarlo como caja y sin someter el dinero a los sistemas de Tesorería y control interno constituye una custodia irregular, contraria al marco jurídico.
Además, se señala que César Palmer mantuvo en su poder durante más de un año 1.625 euros procedentes de la recaudación municipal sin ingresarlos en caja ni en la cuenta bancaria, sin ninguna notificación.
El informe detalla que la recaudación diaria de la piscina era realizada por el conserje, quien entregaba el efectivo al alcalde siguiendo sus instrucciones. Este procedimiento se hizo sin formular ninguna liquidación, justificar importes ni ponerlos a disposición de Tesorería ni de Intervención, lo cual incumple el Real Decreto Legislativo 2/2004 que establece la integración de todos los fondos públicos en la Tesorería municipal.
El interventor recalca que no está permitido tener “cajas paralelas” ni “fondos en despacho”, configurando una infracción directa del régimen legal. La retención de 1.625 euros durante más de un año y la custodia de 6.300 euros en un despacho son prácticas incompatibles con el régimen jurídico vigente. Estas acciones fueron realizadas por un órgano que, aunque superior jerárquico en el Ayuntamiento, es incompetente para esas funciones.
También se identificaron tres pagos irregulares realizados con fondos de la recaudación retenida que no cumplen con los requisitos legales, ya que carecen de factura y expediente, y no fueron autorizados ni fiscalizados. La gestión de la recaudación de la piscina municipal se realizó al margen de la legalidad, con fondos no integrados en Tesorería ni comunicados a Intervención. La responsabilidad por estos hechos recae en quien asumió la posesión y destino de los fondos, pudiendo ser objeto de diversas responsabilidades legales.
El informe destaca las limitaciones generadas por la falta de comunicación, lo que impide la fiscalización adecuada de los fondos no notificados. Este documento se publica después de que César Palmer se quedara como único integrante del equipo de gobierno tras la partida de varios concejales.
En un comunicado, el alcalde admitió que la custodia no fue adecuada y pidió disculpas, asegurando que ha implementado medidas para evitar situaciones similares en el futuro. Expresó su confianza en que las fuerzas de seguridad esclarezcan el robo con fuerza y afirmó que no tiene intenciones de dimitir.
