Valencia Noticias | Redacción.- La Diputación ayudará a los municipios valencianos a tramitar el cobro del canon a las empresas eléctricas y gasistas por la ocupación del suelo, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que avala la tasa municipal por la utilización del dominio público de sus instalaciones de transporte de energía.
La sentencia confirma la legalidad de este gravamen que llevaba años en los tribunales tras la negativa de las empresas del sector energético a pagarlo al negar su existencia o considerar que era desproporcionado. El Supremo acepta, por tanto, que los ayuntamientos valoren como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas a la hora de calcular la tasa por utilización del dominio público.
Ante este nuevo escenario, la Diputación de Valencia ha ofrecido a los municipios de la provincia una doble ayuda por parte de los técnicos provinciales: por un lado, se pondrá en marcha una comisión técnica para ayudar en la elaboración de las ordenanzas fiscales y estudios técnicos para poder tramitar el cobro de la tasa de ocupación de suelo a las eléctricas y gasistas; y por otro, se dará la opción a los consistorios de que el cobro de la tasa se haga a través del Servicio de Gestión Tributaria (SGT) de la Corporación, que se encarga de la recaudación impositiva de todos los ayuntamientos que lo solicitan.
El impuesto se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad del uso de ese suelo si no fuese de dominio público. Como recoge la sentencia del Supremo, “no se trata de gravar un suelo rústico de uso agropecuario, sino la utilidad que le reporta al sujeto pasivo la utilización privativa o el aprovechamiento especial del mismo, con exclusión de los demás, para una actividad meramente industrial consistente en transportar y distribuir energía eléctrica”.
En palabras del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, “en un momento en que los vaivenes del mercado han disparado la factura de la luz y que está abierto el debate sobre la toma de medidas por parte del Gobierno, las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ley y, en el caso de la Diputación de Valencia, defender los intereses de los municipios de la provincia que tengan derecho a cobrar la tasa de ocupación de suelo a las empresas eléctricas y gasistas”.
Por su parte, el diputado de Hacienda, Toni Gaspar, ha destacado que la Corporación pondrá “todos los medios técnicos al servicio de los ayuntamientos para poder gestionar el cobro de la tasa”. Un proceso en el que los municipios contarán con la ayuda de la Diputación de principio a fin “si deciden también que esta tasa de ocupación de suelo que deben pagar las empresas energéticas se gestione a través del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación”.
En este sentido, Gaspar ha destacado el crecimiento del Servicio de Gestión Tributaria provincial, que actualmente gestiona alrededor de 3 millones de recibos y que “se encuentra absolutamente preparado para formar parte de la futura Agencia Tributaria Valenciana en la que trabaja la Generalitat”.