El adelanto electoral bloquea el acuerdo sobre las pensiones en el Pacto de Toledo

4999461AGENCIASLa Comisión del Pacto de Toledo ha acabado su reunión de este martes sin poder cerrar un acuerdo sobre la revisión de sus recomendaciones para el sistema público de pensiones, entre las que se encontraba la vinculación de la revalorización de las pensiones a la inflación tomando como base el Índice de Precios al Consumo (IPC), después de que PP y Unidos Podemos, con mayoría en la comisión, hayan manifestado su rechazo a celebrar nuevos encuentros en busca de un acuerdo antes de concluir la legislatura.

Mientras los populares han considerado que la decisión les correspondería a los nuevos componentes del órgano en la próxima legislatura, Unidos Podemos ha presentado un conjunto de votos particulares a las recomendaciones que ya estaban casi cerradas sin avisar de dicho posicionamiento al resto de grupos.

Según el calendario que manejaba la comisión que preside la diputada popular Celia Villalobos, los grupos tenían previsto celebrar este jueves un debate en comisión de sus recomendaciones con idea de elevarlas al Pleno de la próxima semana, el último de la legislatura. Sin embargo, en poco más de una hora, los grupos han abandonado la comisión tras constatar la imposibilidad de cerrar un acuerdo y, previsiblemente, no habrá un debate público en el que cada partido defienda su postura sobre el asunto.

A última hora de este martes, PSOE, PDeCAT, PNV y Compromís han solicitado celebrar una comisión extraordinaria con el fin de debatir y votar las recomendaciones con las que han venido trabajando los últimos años e intentar que se consiga algún tipo de acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales.

“Hasta aquí hemos llegado”

Aunque la solicitud aún no se ha resuleto y había opción de celebrar nuevas reuniones de la Mesa y Portavoces previas a la comisión, tanto el PP como Unidos Podemos han mostrado sus discrepancias. “Sería un circo, no sería favorable al propio Pacto de Toledo. Creo que hasta aquí hemos llegado“, ha dicho la portavoz de Unidos Podemos, Aina Vidal.

Pese a que el grupo confederal contaba con presentar votos particulares en lo referido a edad legal de jubilación, contributividad y sistemas complementarios, de cerrarlas así habría presentado más objeciones. “Las prisas no son buenas consejeras. A día de hoy, no se puede llevar a Pleno porque hay recomendaciones importantes que aún están abiertas y cuestiones de fondo que no están acordadas“, ha dicho Vidal.

Por su parte, su homólogo del PP, Gerardo Camps, ha señalado que “corresponderá a otro Congreso” el alcanzar a un acuerdo. “No creemos que haya que convocar una Mesa para que se pongan más de manifiesto las diferencias entre los grupos políticos”, ha dicho.

Ante la posibilidad de que el Gobierno decida aprobar algunos de los cambios debatidos en este foro vía decretos ley, el PP ha alertado de que pese a tener “legitimidad formal” no sería “jugar limpio”. “Y mucho menos si afectan al sistema de pensiones”, ha incidido. Sin embargo, este es uno de los puntos exigidos por Unidos Podemos, que cree que el Gobierno tiene argumentos suficientes al existir ya un preacuerdo en la subida de las pensiones.

En este sentido se ha pronunciado también el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, quien ha instado al Gobierno a garantizar, antes de que termine la legislatura, la revalorización de las pensiones con el IPC y a derogar el factor de sostenibilidad en declaraciones a los medios tras la presentación de un informe sobre brecha salarial.

El PSOE pide retomar el diálogo: “El trabajo está hecho”

Pese a que PP y Unidos Podemos han descartado nuevas reuniones, el PSOE ha retado a los grupos a celebrar un nuevo debate y posicionarse en base a unas recomendaciones. “Las recomendaciones están hechas y el trabajo está hecho. Hay medidas que se pueden implementar. ¿Eso no lo podemos aprobar?”, se ha preguntado la portavoz del PSOE, Mercè Perea.

El PSOE ha criticado como “falta de respeto al consenso y a la democracia” que Unidos Podemos haya planteado nuevos votos particulares –a los tres que ya había anunciado– y que el PP, a su juicio, “aproveche la estela para presentar el programa electoral”.

Por su parte, Carles Campuzano, del PDeCAT, ha criticado el “acto de irresponsabilidad” de Unidos Podemos, pues cree que “las distancias no eran insalvables” y “el trabajo estaba suficientemente maduro”. Asimisno, el portavoz del PNV Iñigo Barandiaran  ha advertido de las consecuencias que supone dar al traste con un acuerdo pues “deshacerlo ahora supone también frustar que en el futuro este grado de avance sea posible” y ha apuntado que el adelanto electoral “no supuso ningún problema” para que los grupos dieran su aval al calendario propuesto. “Podemos le ha facilitado el trabajo al PP”, ha criticado.

Compromís también ha cargado contra la postura del grupo confederal. “Cuando un partido político que se dice del cambio viene y rompe en el Pacto de Toledo, sin ningún tipo de argumentación, porque le da absolutamente la gana, no se entiende”, ha dicho su portavoz, Ignasi Candela.

“Ha sido una sorpresa que nos vengan hoy con estas”, ha reconocido, por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, que cree que con este planteamiento la comisión “se ha partido por la mitad”.

Más de dos años de reuniones

Este bloqueo de los esfuerzos para renovar las recomendaciones del Congreso para el sistema público de pensiones pone fin a más de dos años de trabajo, desde que en noviembre de 2016 iniciara una ronda de más de treinta comparecencias, y después en fase de ponencia para renovar las 21 recomendaciones e introducir dos nuevas, una dedicada a la juventud y otra a la economía digital y a la robotización del empleo.

La Comisión alcanzó en septiembre del año pasado un principio de acuerdo al que se adhirió una amplia mayoría de los grupos con representación en la misma para que la revalorización de las pensiones estuviera vinculada a la inflación, tomando como base el Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque el acuerdo no excluía la utilización de otros indicadores para determinar la subida de las prestaciones por jubilación, especialmente cuando se tratase mejoras que excedan el incremento de los precios.

Tras haber dado por concluida la reunión y haberla abandonado varios diputados, Villalobos ha vuelto a convocarlos y desde fuera de la reunión era posible escuchar varios gritos. “Estoy triste y jodida”, ha dicho la presidenta al salir, rechazando realizar declaraciones a los medios sobre cómo había concluido su comisión.

Así era el borrador del preacuerdo

Estas son las recomendaciones más destacadas para los próximos cinco años contempladas en el borrador del preacuerdo, al que ha tenido acceso EFE, que previsiblemente no será aprobado:

  • Revalorización de las pensiones según el IPC real (con la media de la inflación anual).
  • Déficit de la Seguridad Social. Acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficit de los regímenes especiales.
  • Separación de fuentes de financiación. El Estado abonará con transferencias directas los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones como maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales.
  • Aportación del SEPE. Estudiar la conveniencia de redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales elevando los destinados al sistema de pensiones y reduciendo el dirigido al SEPE (Servicio Público de Empleo).
  • Deuda histórica. Resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, analizando compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones (Comunidades Autónomas) sin menoscabo de los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social.
  • Período de cálculo. Se amplía más allá de los 25 años a los que se llegará en 2022, llegando incluso a toda la vida laboral, y permitiendo escoger los años más favorables en casos de largas carreras de cotización.
  • Pensiones de viudedad. Las mejoras en la base de reguladora deben ser financiadas por transferencias del Estado. Deben mejorar para mayores de 65 para los que sea su principal fuente de ingresos y, en cambio, establecer una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de la unidad familiar en el resto de los casos.
  • Pensiones mínimas. Incremento hasta un umbral mínimo pero de forma equilibrada, para que las nuevas cuantías complementarias no sean superiores a las que marquen las mínimas de las pensiones no contributivas para no desincentivar la cotización.
  • Edad de jubilación. Acercar la edad real de jubilación a la edad legal, endureciendo los requisitos para acceder a la anticipada e incentivando el envejecimiento activo.
  • Suficiencia. Concretar qué es una pensión suficiente, con un mecanismo que puede ser una tasa de sustitución que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores.
  • Fondo de Reserva. Situar su dotación mínima en el 7% del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad.
  • Lagunas de cotización. El Estado debe compensar la falta de cotización de colectivos, como las mujeres que cuidan de personas dependientes, con medidas para evitar los vacíos de cotización involuntaria, permitiendo el “traslado o reparto” de cotizaciones.
  • Control del fraude. Luchar contra la economía sumergida para que afloren empleos en ámbitos específicos, como el de empleados del hogar, y proteger a los colectivos vulnerables, como los becarios, trabajadores sin afiliación o autónomos económicamente dependientes (trade).
  • Previsión social complementaria. Fomentar planes de pensiones empresa de pensiones vinculados a los organismos sin ánimo de lucro sin descartar incentivos fiscales.
  • Jóvenes. Garantizar las carreras de cotización de los jóvenes que trabajan de forma discontinua y mejorar el control de la inspección de trabajo sobre los becarios.
  • Autónomos. Que los autónomos coticen por sus ingresos reales, mejorando también la protección del colectivo y con derechos como jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial.
  • Sistemas especiales. Culminar su integración en el Régimen General, analizando los incentivos (bonificaciones o reducciones) para ver si es necesario mantenerlos o reordenarlos y simplificarlos.
  • Rendir cuentas al Pacto de Toledo. Que el Gobierno de turno cada año dé cuenta del cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo e informe de las medidas que piensa implementar para cumplirlo.
  • “Impuesto al robot”. Encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no un aumento del empleo.

 

 

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