“Me encanta el valenciano, pero no lo entiendo. Solo quiero enterarme”, explicó antes de ser invitada a abandonar la sala
Tensión en el último pleno municipal de Paiporta. El alcalde, Vicent Císcar (PSOE), ordenó la expulsión de una mujer de nacionalidad argentina tras pedir, una vez más, que los representantes municipales se expresaran en español para poder seguir el debate. La petición no era nueva: ya la había planteado en sesiones anteriores, argumentando que no entiende bien el valenciano, a pesar de que —como ella misma dijo— le gusta mucho.
“Me encanta el valenciano”, afirmaba desde su asiento, visiblemente frustrada. “Pero no lo hablo. Y solo quiero entender lo que se dice aquí, porque me afecta”. La mujer insistió en que paga sus impuestos, que lleva tiempo solicitando poder seguir los debates municipales, y que hablar en una lengua que no entiende, cuando se le está pagando con dinero público, le parece una falta de respeto. Su intervención fue cortada en seco por el alcalde, que se limitó a decir: “Por favor, abandone la sala”.
El conflicto lingüístico se repite en Paiporta
La sesión en cuestión fue especialmente polémica porque, minutos antes, otro episodio similar había encendido los ánimos: un concejal de Urbanismo, también del PSOE, se negó a contestar en español a otra vecina que le había preguntado sobre el tamaño de los “pipicanes” (áreas para perros) del municipio.
La discusión por el uso del valenciano no es nueva en Paiporta. En el pleno del pasado 25 de enero, otra vecina —que sí habla y entiende valenciano— pidió a los concejales de PSOE y Compromís que respondieran en español para que una mujer que no lo entendía pudiera seguir la sesión. La solicitud fue ignorada.
Una cuestión de obras, no de lenguas
En esta última sesión, la intención de la mujer argentina era clara: quería saber qué planes tenía el Ayuntamiento para evitar una nueva tragedia como la vivida tras la DANA. Ya en el pleno anterior, había pedido al alcalde que presentara un escrito ante el Gobierno de España solicitando explicaciones sobre el estado de las obras hidráulicas en la localidad. Según explicó, como representante más directo de los vecinos, el alcalde debía interceder.
Sin embargo, lejos de recibir una respuesta o un compromiso, la mujer acabó fuera de la sala. “Solo quería entender lo que se decía. No quiero imponer nada, solo que me hablen en un idioma que entiendo”, insistió tras ser expulsada.
El debate sigue abierto. ¿Debe primar la lengua oficial del territorio o la comprensión de los ciudadanos cuando estos acuden a un pleno en busca de respuestas?