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El Alcalde propone a la junta de gobierno local la personación del ayuntamiento por las agresiones ultras durante la celebración del pasado 9 d’Octubre

Una manifestación nacionalista del 9 de Octubre en Valencia con tensión (69) (Medium)El alcalde de València, Joan Ribó, ha propuesto a la Junta de Gobierno Local que el Ayuntamiento se persone en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 15 de València en relación con los hechos producidos el pasado 9 de Octubre, que podrían ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de desórdenes públicos. La propuesta se debatirá en la próxima Junta de Gobierno Local, que se celebrará el 15 de diciembre.

 Durante la manifestación convocada el pasado 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, por parte de las organizaciones integrantes en la denominada “Comissió 9 d’Octubre” se constataron situaciones de enfrentamiento y desórdenes causados por la presencia de un grupo de individuos vinculados a la ultraderecha y ajenos a la marcha, que mostraron, tal como ha subrayado el alcalde, “actitudes de confrontación al legítimo derecho de manifestación, produciéndose varias agresiones”.

 De hecho, la propia Brigada Policial de Información de València de la Jefatura Superior de Policía estima que los citados hechos “podrían ser constitutivos, entre otros, de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y de un delito de desórdenes públicos”. Todos los hechos registrados constan, documentados y con detalle, en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 15 de València, a quien corresponde la instrucción penal de estos.

 En la interlocutoria del citado juzgado (de 31 de octubre pasado) se hace ofrecimiento al Ayuntamiento para que emprenda las acciones que considere pertinentes por los posibles daños sufridos. Tal y como ha subrayado el alcalde, Joan Ribó, “es indiscutible, además, la obligación municipal, dentro de sus competencias, de realizar toda acción que se considere necesaria para preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Además, tenemos un compromiso firme con la democracia y el derecho de cualquier persona de manifestar sus ideas propias, como derecho constitucional, y en definitiva, el derecho a la discrepancia sin recurrir en ningún caso a la violencia, cosa que sí hicieron los grupos ultras el 9 d’Octubre pasado. Es una obligación del Ayuntamiento y un deber que se ha marcado este gobierno municipal trabajar para erradicar los delitos de odio”.

 Por eso, el alcalde propone a la Junta de Gobierno Local, en su reunión ordinaria del próximo día 15, el “ejercicio de acciones para la defensa de los intereses públicos que corresponde defender en este Ayuntamiento, y garantizar los derechos de toda índole, incluidos los patrimoniales, que puedan haberse visto afectados por las actuaciones objeto de instrucción penal”.

 La propuesta del alcalde incluye trasladar el acuerdo a la Asesoría Jurídica Municipal a fin de que se proceda a la personación del Ayuntamiento en las diligencias previas que sigue la institución judicial y en el seguimiento de las actuaciones procesales en todos sus trámites, instancias, incidencias y recursos.

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