El debate sobre la regularización masiva de inmigrantes ha vuelto a ocupar el centro de la conversación política y mediática. En el programa Horizonte, Beatriz Talegón aportó una visión que rompe con el marco simplista en el que, según denunció, se intenta encerrar cualquier discusión sobre inmigración: o estás a favor de todo, o automáticamente eres señalado como enemigo de los derechos humanos.
Su planteamiento no cuestiona la inmigración en sí, sino la forma en que se está gestionando, y sobre todo, las consecuencias jurídicas, sociales y laborales de hacerlo sin orden ni garantías.
Inmigrantes integrados que piden reglas claras
Uno de los primeros matices que introduce Talegón es especialmente relevante: muchas de las voces críticas proceden de personas de origen inmigrante plenamente integradas. Gente cuyos padres llegaron de países como Colombia o Perú, que han construido su vida en España, cuyos hijos han nacido y crecido aquí, y que no quieren que el país se convierta en un espacio sin normas claras.
Para Talegón, este dato desmonta el relato de que cualquier crítica al modelo actual sea xenófoba. “Lo que piden es orden”, vino a señalar, subrayando que integración y Estado de derecho no son conceptos opuestos, sino complementarios.
El núcleo del problema: los antecedentes y la seguridad jurídica
La polémica, según Talegón, no gira en torno a cuántas personas se regularizan, sino a cómo se hace. El punto más delicado es el de los antecedentes penales.
Critica duramente que, en determinados planteamientos políticos, se haya llegado a proponer que baste con una declaración jurada para acreditar la inexistencia de antecedentes. A su juicio, esta fórmula no solo es ingenua, sino peligrosa: supone debilitar el Estado de derecho y trasladar un mensaje de impunidad.
“No es pedir algo imposible —vino a explicar—, es exigir los mismos estándares legales que se exigen a cualquier ciudadano”. Para Talegón, si una persona no puede acreditar su situación legal, documental o penal, el problema no es ideológico, es jurídico.
Contra el debate infantilizado y el señalamiento moral
Otro de los ejes de su intervención es la crítica al clima político que rodea este asunto. Talegón denuncia un debate público infantilizado, en el que cualquier objeción se responde con etiquetas morales: facha, racista o insolidario.
Este marco, sostiene, impide abordar el problema desde una perspectiva adulta y democrática. “Defender que todos cumplamos la ley no te hace estar en contra de la inmigración”, remarca. Al contrario, garantizar normas comunes es lo que permite la convivencia, la seguridad y la integración real.
Regularización sin control: caldo de cultivo para el dumping social
Talegón introduce un concepto clave que conecta inmigración y economía: el dumping social. Cuando se permite que cientos de miles de personas vivan y trabajen en situación irregular, sin derechos ni capacidad de denunciar abusos, el resultado es claro:
- Se precarizan las condiciones laborales
- Se hunden los salarios
- Se debilitan las garantías de todos los trabajadores
- Se incentiva la explotación
“Siempre habrá alguien desesperado que acepte lo que sea”, advierte. Y ese efecto no perjudica solo al inmigrante irregular, sino al conjunto de la clase trabajadora.
Mirar a Europa: el modelo italiano frente al caos
Frente a la improvisación, Talegón pone como ejemplo Italia, donde la regularización se plantea de forma selectiva y planificada. Allí, el Estado define previamente qué sectores necesitan mano de obra, cuántas personas y bajo qué condiciones. La regularización va ligada a contratos de trabajo, no a declaraciones genéricas.
En contraste, cita también los problemas detectados en países como Holanda, donde la llegada masiva de población con baja cualificación ha generado un saldo económico negativo: empleos precarios, baja cotización y mayor presión sobre el sistema público.
La advertencia final
El mensaje de fondo de Beatriz Talegón es claro:
regularizar sin orden, sin controles y sin un modelo económico detrás no es integración, es irresponsabilidad institucional.
No se trata de cerrar fronteras ni de negar la realidad migratoria, sino de hacer las cosas bien cuando existen mecanismos legales para hacerlo bien. Defender el Estado de derecho, concluye implícitamente, no es una postura ideológica, sino la única forma de garantizar seguridad, cohesión social y prosperidad compartida.
El verdadero riesgo no es debatir sobre inmigración.
El riesgo es renunciar a las reglas comunes por miedo a dar un debate incómodo.
