El Ayuntamiento de Valencia ha reconocido las dificultades administrativas que han provocado la pérdida de la mayoría de las ayudas del IVACE destinadas a comunidades energéticas locales, después de que solo una de ellas lograra justificar la subvención dentro del plazo oficial.
La reacción municipal llega tras las duras críticas lanzadas por la Xarxa de Comunitats Energètiques de València, que alertó de la pérdida de más del 90 % de los fondos concedidos por la falta de cubiertas públicas disponibles y por el bloqueo en los procedimientos administrativos.
El Ayuntamiento reconoce un proceso “largo y complejo”
Desde el consistorio se admite que la situación es conocida y que el desarrollo de las comunidades energéticas está condicionado por trámites administrativos extensos.
En respuesta a estas críticas, el concejal Carlos Mundina ha señalado que el Ayuntamiento es consciente del problema y que se trata de un proceso administrativo “largo y completo”, en el que los servicios municipales están acompañando a las comunidades energéticas en todos los pasos necesarios.
Según Mundina, el propio consistorio ha asumido el coste de algunos informes técnicos debido a los retrasos acumulados en la tramitación, con el objetivo de facilitar que los proyectos puedan salir adelante.
Negociaciones con la Generalitat para futuras convocatorias
El Ayuntamiento asegura que mantiene conversaciones con la Generalitat Valenciana para buscar una salida a las comunidades que no han podido completar la documentación dentro del plazo exigido por el IVACE.
La intención municipal, según la versión oficial, es que estas comunidades puedan tener una nueva oportunidad en próximas convocatorias de ayudas, evitando que los proyectos queden definitivamente bloqueados por una cuestión de plazos.
El compromiso municipal: energía para edificios públicos y hogares vulnerables
Desde el consistorio se insiste en que el apoyo a las comunidades energéticas locales va más allá de la cesión de cubiertas municipales. Según ha explicado Carlos Mundina, existe un compromiso firme para que el 25 % de la energía producida por estas comunidades tenga un retorno social directo en el entorno.
De ese porcentaje, un 15 % se destinaría al autoconsumo de edificios municipales y un 10 % a hogares vulnerables de la zona, reforzando el carácter social y comunitario de estos proyectos energéticos.
Críticas vecinales: ayudas perdidas y proyectos paralizados
Pese a esta respuesta, la Xarxa de Comunitats Energètiques mantiene que la falta de procedimientos claros y la ausencia de avances reales en la cesión de cubiertas públicas ha tenido consecuencias directas: la pérdida de más de 168.000 euros en ayudas públicas y la paralización de varios proyectos en barrios como Russafa, Malilla, Aiora, Castellar-l’Oliveral o Ciutat Vella.
Las comunidades denuncian que los compromisos anunciados no se han materializado en hechos y que los retrasos administrativos han acabado haciendo inviables iniciativas que llevaban meses de trabajo previo.
Un modelo en disputa
El choque entre la versión municipal y la de las comunidades energéticas evidencia un conflicto de fondo: mientras el Ayuntamiento defiende que el proceso avanza dentro de su complejidad administrativa, los colectivos ciudadanos alertan de que la lentitud y la falta de decisiones concretas están poniendo en riesgo un modelo clave para la transición energética y la lucha contra la pobreza energética en la ciudad.
La próxima convocatoria de ayudas y la resolución efectiva de la cesión de cubiertas públicas marcarán si las promesas institucionales se traducen, esta vez, en resultados tangibles.
