La acusación particular ejercida por el actual Ayuntamiento de Alicante en la rama del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) solicita penas de cuatro años y medio de prisión para el exalcalde del PP, Luis Díaz Alperi, y 4cuatro años y nueve meses para su sucesora, la también ‘popular’ Sonia Castedo. Asimismo, solicita más de 1,3 millones de euros de multa para Alperi y 780.000 euros para Castedo.
En su escrito de calificación provincial, el Ayuntamiento de Alicante solicita cinco años y tres meses de cárcel y 63 millones de euros de multa para el empresario de la construcción Enrique Ortiz, a quien acusa de los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios, aprovechamiento de secretos y tráfico de influencias.
A los exalcaldes, los acusa de los delitos de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y, en el caso de Castedo, además, tráfico de influencias en concurso con prevaricación.
El Ayuntamiento pide penas para otros cinco acusados, entre los que se encuentran el hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo, para quien piden cuatro años y nueve meses de cárcel por cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias.
Así mismo, el abogado Francisco Gutiérrez se enfrenta a las mismas penas que el hermano de Castedo, de quien era socio en el bufete de abogados Salvetti; mientras que para el hermano del constructor, Virgilio Ortiz, y otros tres acusados piden penas de entre año y medio y dos años de cárcel y multas de entre 116.000 y 243.000 euros.
Además, el Ayuntamiento solicita una indemnización de 1,3 millones de euros a pagar por los acusados en concepto de los gastos efectuados por la tramitación del PGOU.
