Agencias 
La detención y posterior puesta en libertad de Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia y responsable de Turismo de la ciudad, y del empresario Urbano Catalán, máximo responsable de la empresa de viajes Transvia Tours, por un presunto delito de cohecho, ha llevado al Ayuntamiento de Valencia a abrir una investigación interna para revisar los contratos de ambas entidades y determinar su legalidad.
El Ayuntamiento de Valencia estudia la posibilidad de rescindir la autorización administrativa que tiene concedida a las empresas Transvía, desde 1999, y a Viajes Privilege S.L.U, desde 2012, para que ambas puedan ofrecer el servicio del Bus Turístic en la ciudad. A su vez, analiza “de qué manera” se podría llevar a cabo un proceso de “licitación pública” de esta prestación para que de manera abierta puedan concurrir a ella otras firmas.
Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Movilidad, Guiseppe Grezzi, que ha destacado que esas autorizaciones se otorgaron sin llevarse a cabo un “proceso de licitación pública” y atendiendo únicamente a la solicitud formulada por cada una de ellas al consistorio. Ha resaltado que por la prestación de este “servicio, que hace ganar mucho dinero” a ambas firmas “no se paga nada a cambio al Ayuntamiento”.
Grezzi ha estimado, comparando los ingresos en otras ciudades por este concepto, que desde 1999 hasta ahora Valencia podría haber ingresado 500.000 euros al año por la autorización de ese servicio, unos 7 millones de euros“, y ha responsabilizado de no haberlo hecho al anterior gobierno de la ciudad encabezado por Rita Barberá.
Para determinar si es posible o no rescindir dichas autorizaciones se ha solicitado un “informe jurídico a la Abogacía” del consistorio ya que cabe la posibilidad de que la administración municipal tenga que “pagar aún una indemnización” si deja sin efecto ese permiso que en mayo de 2015, “a cuatro días de las elecciones”, el anterior equipo de gobierno local prorrogó durante cuatro años más.
El edil de Movilidad ha indicado que la intención del Ayuntamiento es poder hacer una “convocatoria pública de libre concurrencia” para que otras empresas puedan concurrir a prestar el servicio de Bus Turístic y establecer un “canon público” para que las arcas municipales puedan recibir “ingresos” por esa licitación y atender “necesidades de la ciudad”.
