El Ayuntamiento de Valencia evaluará los contratos realizados con empresas involucradas en la trama Ábalos durante el mandato de Compromís y PSPV. Esta decisión se tomó tras un intenso debate, impulsado por una moción del Partido Popular que fue aprobada. Dicha moción surge después de que se informara que el anterior gobierno municipal, liderado por Joan Ribó, adjudicó un total de 3,5 millones de euros a una de las empresas implicadas en el caso Ábalos-Cerdán. Se decidió no incluir en la investigación los años 2023 a 2025, ya que según Juan Carlos Caballero, la trama ya no estaba presente en el Consistorio, y tampoco a Valencia Activa, que está bajo investigación por la gestión de Vox.
La moción, que obtuvo el apoyo unánime, exige a todos los servicios municipales y entidades relacionadas con el Ayuntamiento de Valencia que envíen la documentación pertinente a la Coordinación General de la Alcaldía en un plazo de treinta días. Esta documentación debe incluir contratos, expedientes de contratación, pedidos, encargos a medios propios, contratos menores, órdenes de pago, facturas y otros documentos justificativos del período 2015-2023 que involucren a Levantina, Ingeniería y Construcción, Acciona y cualquier otra empresa nombrada en el caso Koldo/Ábalos/Cerdán. También se deben remitir copia de estos documentos a las autoridades judiciales correspondientes.
Durante el debate, Caballero subrayó que se trata de “contratos firmados aquí, pagados con dinero de los valencianos, y vinculados a una de las mayores tramas de corrupción política de los últimos años”. Cuestionó si alguien podría oponerse a una revisión de estos contratos y sostuvo que es fundamental saber todos los detalles: “Queremos saber si algún concejal de esa Corporación recibió alguna instrucción del señor Ábalos o de algún integrante de esta trama mafiosa para contratar con esa empresa”. Cuando se obtenga toda la información, esta será entregada a las instancias judiciales pertinentes.
El concejal popular expresó su preocupación por la influencia de José Luis Ábalos, señalando que incluso la delegada del Gobierno había salido en su defensa tras la publicación de un informe de la UCO. Caballero también comentó sobre las reacciones de los socialistas, afirmando que “hoy parecen sentirse engañados” y que pedir perdón no es suficiente en política. Insistió en la necesidad de revisar los contratos y colaborar con la justicia, destacando que las mordidas suelen estar precedidas de amaños de licitaciones públicas.
Por último, durante su réplica, Caballero acordó incluir todas las empresas investigadas en el caso Ábalos y recordó que “los pliegos del macrocontrato de alcantarillado fueron elaborados bajo su gobierno, con responsabilidad en una concejalía socialista”, sugiriendo que este contrato también debería ser examinado.
