El Ayuntamiento de Valencia se propone revisar los contratos con empresas vinculadas a la trama Ábalos que fueron firmados durante el mandato de Compromís y PSPV. Esta decisión, impulsada por una moción del Partido Popular, se ha aprobado tras un intenso debate motivado por las revelaciones de que el anterior gobierno municipal, liderado por Joan Ribó, adjudicó 3,5 millones de euros en contratos a una de las empresas implicadas en el caso Ábalos-Cerdán. No obstante, se rechazó ampliar la investigación al periodo entre 2023 y 2025 bajo el argumento de que la trama ya no estaba vinculada con el Ayuntamiento, según explicó Juan Carlos Caballero. Igual suerte corrió la propuesta de investigar a Valencia Activa tras la gestión de Vox.
La moción fue aprobada de manera unánime y exige a todos los servicios municipales y entidades del sector público del Ayuntamiento de Valencia que, en un plazo máximo de treinta días, remitan toda la documentación relevante a la Coordinación General de la Alcaldía. Esta documentación debe incluir contratos, expedientes de contratación, pedidos, facturas y otros documentos del periodo 2015-2023 relacionados con Levantina, Ingeniería y Construcción, Acciona y cualquier empresa mencionada en el caso Koldo/Ábalos/Cerdán. La información recopilada también se enviará a los órganos jurisdiccionales pertinentes.
Durante el debate, Juan Carlos Caballero enfatizó la necesidad de revisar los contratos vinculados a lo que describió como “una de las mayores tramas de corrupción política de los últimos años”. Caballero exigió transparencia sobre si algún integrante del anterior gobierno recibió instrucciones del señor Ábalos o de miembros de la trama para contratar con la empresa cuestionada. “Queremos saberlo todo y, una vez que lo sepamos, informaremos a las instancias judiciales”, afirmó.
Caballero expresó su preocupación por la influencia de José Luis Ábalos, destacando que, a pesar de las acusaciones graves, existía una defensa pública del exministro. También criticó la respuesta socialista que, a su juicio, consistió en pedir perdón de forma insuficiente. Durante su réplica, Caballero aceptó incluir a todas las empresas investigadas en el caso Ábalos y destacó la necesidad de revisar los pliegos de un macrocontrato de alcantarillado gestionado por una concejalía socialista, sugiriendo un examen exhaustivo de dicho contrato.
