El Ayuntamiento paga más de 46 millones en expropiaciones rogadas tras once años de parálisis urbanística

El gobierno municipal asume en 2024 y 2025 el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional y cierra el ejercicio con el saldo pendiente a cero.

El Ayuntamiento de València ha abonado un total de 46 millones de euros en expropiaciones rogadas durante los años 2024 y 2025, al asumir de forma concentrada el impacto derivado de la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2023 que puso fin a la moratoria autonómica vigente desde 2012.

Con estos pagos, el consistorio ha cerrado el ejercicio sin obligaciones pendientes por este concepto, poniendo fin a una herencia acumulada durante once años de parálisis urbanística, en los que apenas se activaron planes o unidades de ejecución que hubieran permitido gestionar estos suelos de forma integrada en el desarrollo urbano.

Una factura concentrada tras el fin de la moratoria

En concreto, en el ejercicio 2024 el Ayuntamiento abonó 8,3 millones de euros, a los que se han sumado 38.713.749,49 euros en 2025. El montante total supera así los 46 millones de euros que el actual equipo de gobierno ha tenido que afrontar por expedientes de expropiación rogada iniciados con anterioridad a la sentencia del Constitucional.

La previsión inicial situaba el impacto potencial en torno a los 51 millones de euros, si bien el consistorio advierte de que podrían llegar nuevas resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que generen obligaciones adicionales a las ya satisfechas.

“Una factura que se pudo reducir”

El concejal de Hacienda y Urbanismo, Juan Giner, ha subrayado que este desembolso “se habría podido minorar si el anterior ejecutivo hubiera incorporado esos suelos en planes urbanísticos que se hubieran traducido en más oferta de viviendas en la ciudad”.

Según Giner, durante la última década apenas se impulsaron unidades de ejecución o planes especiales que permitieran integrar los suelos dotacionales en el aprovechamiento urbanístico, lo que habría evitado recurrir a expropiaciones forzosas y, por tanto, a pagos en metálico.

Qué son las expropiaciones rogadas

La legislación urbanística permite a los propietarios instar la expropiación de sus parcelas cuando el planeamiento las califica como suelo dotacional público —destinado a colegios, centros de salud, jardines o viales— y no han sido incluidas en una unidad de ejecución.

Para ello deben haber transcurrido al menos cinco años desde la calificación urbanística sin que el Ayuntamiento haya iniciado el expediente de expropiación. La moratoria aprobada por la Generalitat en 2012 suspendió estos plazos, pero su anulación por el Tribunal Constitucional obligó a reactivar de inmediato los procedimientos.

Una oportunidad perdida para generar vivienda

Desde el actual equipo de gobierno se considera que la ciudad ha pagado “por duplicado” las consecuencias de la falta de planificación. Por un lado, con una elevada factura municipal y, por otro, con la ausencia de nuevas viviendas que podrían haber contribuido a aliviar la presión sobre los precios.

“Durante años se mantuvo un discurso antiurbanista que bloqueó el desarrollo de suelo en un contexto de creciente demanda habitacional”, sostiene Giner, quien defiende que una activación temprana del planeamiento habría permitido generar cesiones obligatorias y más vivienda sin recurrir a la expropiación directa.

El nuevo enfoque urbanístico

La estrategia que plantea ahora el Ayuntamiento pasa por impulsar nuevos desarrollos urbanísticos en los que el propio aprovechamiento del suelo genere las dotaciones públicas necesarias, evitando futuras expropiaciones rogadas.

Un ejemplo de este enfoque es el plan especial del entorno de Sant Miquel dels Reis, que permitirá integrar suelos dotacionales en una unidad de ejecución, incrementar su valor urbanístico y generar vivienda y equipamientos sin necesidad de comprar directamente las parcelas.

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