El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado un expediente sancionador contra Vox tras colocar una pancarta que anuncia la visita de su líder, Santiago Abascal, a la ciudad el próximo sábado. Esta tramitación administrativa sigue el mismo procedimiento que la Junta Municipal de Ciutat Vella utilizó en situaciones similares con pancartas de PSPV y Compromís en el edificio municipal ubicado entre las calles Convento San Francisco y Periodista Azzati. En el caso de los socialistas, esta acción resultó en una multa de 3.000 euros. Dichas pancartas demandaban la construcción de un corredor verde o pedían la dimisión de Carlos Mazón.
El origen de este conflicto se remonta al 26 de marzo, cuando un técnico de la Junta Municipal de Ciutat Vella llevó a cabo una inspección en el edificio de la calle Navellos, número 9, donde se encuentra la sede de Vox. La visita, motivada por una denuncia relacionada con una pancarta en la fachada, reveló que estaba sujeta al balcón del primer piso. El Ayuntamiento, tras la inspección, informó a Vox que el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella prohíbe la publicidad exterior en su ámbito debido al impacto negativo en la escena y el paisaje urbano que esta genera, deteriorando la percepción y valores del área protegida.
La notificación incluye un plazo de 10 días para que Vox presente sus alegaciones antes de que se emita una orden de retirada que podría iniciar un procedimiento sancionador. La severidad de la sanción dependerá de si la infracción se clasifica como leve o grave.
Mientras tanto, Borja Sanjuan, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, criticó enérgicamente la actitud de María José Catalá, al señalar que obliga a la oposición a retirar pancartas que planteaban demandas legítimas, mientras que aparentemente permite la lona publicitaria de Vox en Ciutat Vella, algo que las ordenanzas municipales prohíben. Sanjuan denunció la disparidad en el trato, acusando al gobierno municipal de favorecer a Vox al permitirle promover un evento político en su sede.
Sanjuan también acusó al gobierno de Catalá de perseguir a la oposición, impidiendo que expresen su apoyo a iniciativas respaldadas por los vecinos, como el Corredor Verde, o que critiquen la gestión de Mazón tras la crisis del 29 de octubre, que resultó en la muerte de 228 valencianos durante la DANA.
