El gobierno municipal asegura que la suspensión temporal de las obras de la nueva sede central de Bomberos responde al fuerte incremento de los precios de la construcción y recuerda que fue la propia adjudicataria la que solicitó paralizar los trabajos. El PSPV acusa al ejecutivo de María José Catalá de «falta de gestión» y reclama explicaciones sobre el coste final y los nuevos plazos del proyecto.

La paralización de las obras de la nueva sede de la Dirección del Parque Central de Bomberos de Valencia, situada en la avenida de la Plata, ha abierto un nuevo enfrentamiento político entre el gobierno municipal y el PSPV.

Los socialistas han responsabilizado al ejecutivo de María José Catalá de la situación y consideran que el proyecto reproduce lo que califican como un «mismo patrón» en diferentes actuaciones municipales: anuncios, retrasos, problemas económicos y modificaciones contractuales. La nueva sede partía de un presupuesto inicial de 12,8 millones de euros y fue presentada por la alcaldesa como una de las prioridades de su mandato y como un «punto de inflexión» para el servicio de Bomberos.

El Ayuntamiento rechaza esta interpretación y sostiene que no se está ante un sobrecoste provocado por una decisión del actual gobierno, sino ante una alteración extraordinaria de los precios durante la ejecución de las obras.

El PSPV acusa a Catalá de «falta de gestión»

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Santamaría, ha asegurado que la paralización demuestra que «la falta de gestión tiene consecuencias» y ha cuestionado que una infraestructura considerada estratégica para un servicio esencial se encuentre ahora en una situación de incertidumbre.

«Un edificio que la propia alcaldesa definía como un punto de inflexión para el servicio. Pues ese punto de inflexión ahora está paralizado», ha señalado Santamaría.

El PSPV sostiene que la constructora considera que no puede asumir el incremento de los costes de construcción y ha planteado la resolución del contrato.

Santamaría ha relacionado este episodio con otros proyectos municipales y ha afirmado que se repite «el mismo cuento» de «la foto de la inauguración primero, los sobrecostes después». Los socialistas reclaman al gobierno municipal que aclare las consecuencias de la suspensión, cuál será finalmente el coste de la actuación y cuándo podrá estar disponible la nueva sede.

El Ayuntamiento: «No es un sobrecoste provocado por el actual gobierno»

La respuesta del gobierno municipal ha sido contundente. El ejecutivo de Catalá considera «sorprendente» que el Partido Socialista pretenda dar «lecciones de gestión» sobre una infraestructura cuya tramitación se remonta muchos años atrás.

Según la versión municipal, el proyecto nació de un concurso de ideas convocado en 2007 y posteriormente permaneció durante años sin llegar a materializarse.

El Ayuntamiento rechaza especialmente la utilización del término «sobrecoste» para responsabilizar al actual gobierno.

Según explica el ejecutivo local, se ha producido un incremento extraordinario de los precios durante la ejecución, modificando las condiciones económicas existentes cuando se adjudicó el contrato.

La empresa pidió suspender temporalmente las obras

El gobierno municipal añade un elemento que considera fundamental para explicar la situación: la petición de suspensión temporal partió de la propia empresa adjudicataria.

Según la respuesta del Ayuntamiento, la constructora alegó el «inasumible incremento de precios» que está experimentando la obra pública como consecuencia de la DANA.

Por ello, el ejecutivo de Catalá rechaza que esa alteración de los costes pueda convertirse políticamente en un supuesto «sobrecoste de Catalá» y sostiene que esta interpretación no se corresponde con lo recogido en el expediente.

La controversia económica está precisamente en el centro del conflicto. La propia nota socialista reconoce que la adjudicataria considera que no puede asumir el incremento de los costes y que ha planteado la resolución contractual.

El contrato puede continuar o ser resuelto

La suspensión de los trabajos es, según recalca el Ayuntamiento, temporal.

El gobierno municipal asegura que no se ha renunciado a construir la nueva sede y que tampoco existe una imposibilidad técnica para continuar las obras.

Durante este periodo deberá determinarse, con los correspondientes informes y garantías jurídicas, si procede continuar con la ejecución o resolver definitivamente el contrato.

El propio PSPV señala en su comunicado que la actuación queda en suspenso mientras el Ayuntamiento decide si continúa o rescinde el contrato y cómo afronta el desajuste económico planteado por la adjudicataria.

El Ayuntamiento asegura que no asumirá automáticamente lo reclamado por la constructora

El ejecutivo municipal defiende que una alteración extraordinaria de los precios de la construcción queda fuera de la capacidad del Ayuntamiento, pero considera que sí es responsabilidad de la administración determinar cuáles de los costes reclamados están jurídica y económicamente justificados.

El objetivo, sostiene el gobierno local, es evitar que cualquier cantidad planteada por la empresa termine repercutiendo automáticamente sobre las arcas municipales.

De ahí que se haya optado por suspender temporalmente la ejecución mientras se estudia la situación contractual.

El Ayuntamiento defiende que está actuando con «responsabilidad, seguridad jurídica y rigor económico» para proteger el dinero público y mantiene que el objetivo final continúa siendo que Valencia disponga de la nueva sede central de Bomberos, aunque antes deberá resolverse el conflicto económico abierto durante la ejecución de las obras.