La regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno español ha abierto un nuevo frente político en la Unión Europea. El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde se integra el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que analice y, en su caso, frene la medida por su posible impacto en el conjunto del espacio Schengen.
Los conservadores alertan de que una regularización de gran alcance en un país sin controles fronterizos interiores puede tener efectos que trascienden el ámbito nacional y generar un aumento de los flujos migratorios hacia otros Estados miembros.
Advertencia sobre el impacto en Schengen
En una comunicación remitida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario de Interior, Magnus Brunner, el grupo ECR sostiene que este tipo de decisiones “no pueden considerarse exclusivamente internas” cuando afectan a un espacio común de libre circulación.
Según el bloque conservador, la regularización podría provocar movimientos secundarios de migrantes dentro de la UE, debilitar la confianza entre socios comunitarios y poner en cuestión la coherencia de la política migratoria europea.
Petición de una evaluación formal
La iniciativa ha sido promovida por eurodiputados españoles integrados recientemente en ECR, que reclaman a Bruselas un análisis detallado del impacto de la medida en aspectos como la seguridad interior, el control de fronteras exteriores y la política común de retornos.
Además, el grupo pide que se aclare si la regularización encaja plenamente en el marco jurídico europeo y propone endurecer la presión sobre terceros países que no colaboren en la readmisión de migrantes, utilizando herramientas como la política de visados.
La Comisión defiende la competencia nacional
Desde la Comisión Europea, sin embargo, se ha trasladado un mensaje diferente. El comisario de Interior ha recordado que las regularizaciones forman parte de las opciones legales disponibles para los Estados miembros y que corresponde a cada país decidir cómo gestionar a las personas que ya se encuentran en su territorio.
Bruselas subraya que estas decisiones suelen estar vinculadas a factores internos, como las necesidades del mercado laboral o la integración social, y defiende que, dentro del marco europeo, España tiene margen para aplicar este tipo de medidas.
El debate, no obstante, deja patente la creciente división entre los Estados miembros sobre cómo abordar la inmigración y anticipa que la política migratoria seguirá siendo uno de los asuntos más sensibles en la agenda europea en los próximos meses.
