El Gobierno utiliza el caso de la mujer de 87 años para justificar su nuevo decreto de vivienda, que limita las subidas del alquiler e introduce nuevas medidas fiscales

El Gobierno ha incluido el caso de Maricarmen Abascal en el preámbulo de su nuevo real decreto-ley sobre vivienda y lo ha convertido en el símbolo de la necesidad de modificar la regulación de los alquileres.

El texto publicado en el BOE describe a Maricarmen como una mujer vulnerable de 87 años y afirma que fue víctima de una legislación “machista y retrógrada” procedente de la dictadura, así como de la especulación inmobiliaria. También responsabiliza a las administraciones competentes de no haber garantizado adecuadamente su derecho a la vivienda.

La utilización de estas expresiones en una disposición oficial ha desatado la polémica. Sus críticos consideran que el Gobierno emplea el caso para introducir valoraciones ideológicas en el BOE. Los defensores de la norma sostienen, en cambio, que el desahucio demuestra que la legislación no protege suficientemente a las personas vulnerables.

Alquileres limitados hasta finales de 2027

El Real Decreto-ley 26/2026 establece una prórroga extraordinaria para determinados contratos de alquiler y limita las actualizaciones de renta hasta el 31 de diciembre de 2027.

Si el alquiler ya supera el índice oficial de precios de referencia, no podrá aplicarse ninguna subida. Cuando no lo supere, propietario e inquilino podrán negociar la actualización, pero, si no alcanzan un acuerdo, el incremento máximo será del 2%.

La norma también regula los alquileres temporales, introduce deducciones para determinados inquilinos, ofrece incentivos fiscales a propietarios que alquilen a precios asequibles y permite aplicar recargos sobre algunas viviendas vacías o destinadas a uso turístico.

Además, define como asequible una vivienda cuyo coste total no supere el 30% de la renta mediana del municipio.

Un debate que enfrenta dos modelos

La norma ha vuelto a enfrentar a quienes consideran la vivienda un derecho que exige una intervención pública más intensa y quienes advierten de que un exceso de restricciones puede retirar pisos del mercado y perjudicar a los pequeños propietarios.

El caso de Maricarmen ha acelerado la respuesta política, pero la pregunta de fondo continúa abierta: ¿puede resolverse la crisis limitando las rentas o es imprescindible construir muchas más viviendas públicas y privadas?

El Congreso tendrá que pronunciarse sobre la convalidación del decreto. Hasta entonces, el nombre de Maricarmen seguirá ocupando el centro de un debate que afecta a millones de propietarios e inquilinos.