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En el Cabanyal existe un mayor número de apartamentos ilegales que reglados en toda la ciudad
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, tiene programada una visita este viernes al Cabanyal para reunirse con la asociación de vecinos del barrio, el cual registra la mayor cantidad de apartamentos ilegales de la ciudad. Actualmente, en el área del Marítimo hay 1.486 apartamentos anunciados en línea, superando los 1.396 apartamentos legales en Valencia. La Asociación de Vecinos del Cabanyal ha confirmado que la reunión será por la mañana.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha aprovechado la visita del ministro para abordar el tema con firmeza. El ministro ha celebrado como una “gran victoria” el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, desde el lunes, ordena la eliminación de 5.800 anuncios en Airbnb. Catalá ha afirmado que “los vecinos del Cabanyal saben que nuestras competencias son limitadas, pero es el Gobierno quien puede regular la publicidad en ciertas plataformas”.
“Nos hemos esforzado al máximo: triplicamos las inspecciones, suspendimos licencias y mejoramos la regulación, pero necesitamos impedir que los apartamentos ilegales se publiquen en estas plataformas”, explicó. “El ministerio debe proporcionar herramientas para las grandes ciudades. Es positivo que el ministro visite el Cabanyal, que es un claro ejemplo de cómo el anterior equipo de gobierno no abordó el problema”, añadió Catalá, urgiendo al ministro a trabajar en la prohibición de publicidad de apartamentos no registrados.
El ministro explicó que su departamento está llevando a cabo tres expedientes sancionadores relacionados con el sector de la vivienda. Uno de ellos se dirige a una gran plataforma de alquileres turísticos que se negó a retirar anuncios ilegales. Otro afecta a gestores de pisos turísticos que no indican claramente la naturaleza jurídica de sus contratos de arrendamiento en sus páginas web. El tercer expediente está dirigido a una gran inmobiliaria.
La Dirección General de Consumo justifica la ilegalidad de los anuncios en Airbnb con tres argumentos: la ausencia de número de licencia o registro en los anuncios, lo cual es obligatorio según varias normativas autonómicas, la falta de indicación sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que es esencial para saber si el contratante está protegido como consumidor, y la inclusión de números de licencia que no son expedidos por autoridades, lo que puede inducir a error a los consumidores.
Críticas del sector
La presidenta de Aptur CV, Silvia Blasco, acusó al Ayuntamiento de Valencia de tener una postura que demoniza a la vivienda turística. Además, manifestó preocupación porque el área de Urbanismo haya asumido ahora la cartera de Turismo, lo cual, según ella, aborda un fenómeno complejo desde una perspectiva exclusivamente restrictiva y alejada del diálogo. Blasco destacó que las viviendas turísticas registradas y reguladas en la Comunitat Valenciana forman parte integral del ecosistema económico y son gestionadas en su mayoría por familias que cumplen con la ley.
“No se puede construir convivencia a partir de la división ni gestionar una ciudad con enemigos ficticios”, argumentó Blasco, quien pidió “coherencia, diálogo y políticas valientes que no confundan al público”. También instó a la necesidad de “verdad y responsabilidad institucional”, rechazando campañas de desgaste y abogando por un turismo responsable, transparencia y convivencia, exigiendo respetar el mismo principio.
