Una ministra, una sentencia, una frase y un país polarizado.
Basta una chispa en mitad del bosque seco para prender un incendio. Y esta vez, la chispa vino desde lo más alto del Gobierno.

“Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante…”

Las palabras de Irene Montero tras la sentencia del caso Alves han generado más ruido que el propio fallo judicial. Y han abierto una grieta que va mucho más allá del caso: ¿Puede una democracia permitirse relativizar sus pilares fundamentales?

🎭 El juicio fuera del tribunal

El caso Alves ha sido, desde el primer momento, más que un proceso judicial: ha sido un juicio social y mediático.

Pero una cosa es el debate público, legítimo, y otra muy distinta es que una alta representante del Ejecutivo cuestione principios constitucionales. Porque eso no es un debate, es una señal política peligrosa.

Lo explica con claridad el juez Jesús Villegas:

“Pensé que era un montaje. Esto es el primer paso hacia un régimen totalitario.”

Y no es una hipérbole. Es una advertencia. Porque si se cambia el paradigma y se invierte la carga de la prueba, nadie estará a salvo.

⚖️ Sentencias impopulares, sentencias necesarias

Que una sentencia no guste no la convierte en injusta.
Que una víctima sufra no convierte automáticamente en culpable a un acusado.

El derecho penal no está para premiar empatías, sino para impartir justicia con pruebas.

La abogada penalista Paula Fraga, feminista y especialista en violencia sexual, lo resume de forma precisa:

“Proteger a las víctimas no puede hacerse a costa de sacrificar la presunción de inocencia.”

Y añade algo clave: muchas denuncias son legítimas, pero no todas llegan con pruebas suficientes. Y cuando no las hay, no se puede condenar, por muy dura que sea la historia contada.

🧠 Una sociedad madura defiende los derechos… de todos

La presunción de inocencia no es un favor para los culpables. Es un escudo para los inocentes.
Y en una democracia real, los derechos se aplican a todos, incluso al más odiado, incluso al más impopular.

La justicia necesita serenidad, y el poder político tiene la responsabilidad de mantenerla.
Lo contrario es, como advirtió el juez Villegas, crear un ambiente pre-linchamiento.

“Si basta con una denuncia para condenar… ¿para qué queremos jueces?”

🧩 El riesgo de romper las reglas cuando no nos gustan

Cada vez que una figura política arremete contra una sentencia, se erosiona la credibilidad del sistema.
Y eso, con el tiempo, tiene un precio muy alto:

• Ciudadanos que dejan de confiar en la justicia
• Acusados que son condenados en redes sin juicio
• Víctimas reales que se pierden entre la desconfianza y la confusión

📌 Conclusión: el poder debe contenerse, no desbordarse

Los derechos no son una moda.
La justicia no es una tendencia.
Y la presunción de inocencia no es un obstáculo, sino una conquista democrática.

Puede que estemos en una época donde las frases de impacto pesen más que los principios.
Pero si olvidamos que la ley protege a todos, incluso al culpable hasta que se demuestre lo contrario, el día de mañana cualquiera de nosotros puede ser el siguiente en el banquillo… sin defensa.