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El Congreso aborda el polémico impuesto de sucesiones, que grava las herencias

El Congreso aborda esta semana el polémico impuesto de sucesiones y donaciones, que grava las herencias de forma diferente según las comunidades autónomas, ya que se trata de un gravamen transferido, y que abre un escenario político que incluso llega a acercar a PP, PSOE y Ciudadanos.

En algunos territorios como Andalucía, Aragón o Murcia estas tres formaciones han acordado reducir este impuesto o bonificarlo, en algunos casos al 100 %.

El grupo parlamentario de Ciudadanos plantea el martes en el Pleno del Congreso una propuesta de ley que dejaría sin efecto este impuesto en toda España, y que bonificaría al 100 % el gravamen tanto por las herencias de padres a hijos y cónyuges, como por las de abuelos a nietos.

Ciudadanos alude a la “enorme” desigualdad que existe entre territorios, ya que en algunas autonomías se paga un impuesto superior al 30 %.

No obstante, en la propuesta de ley la figura tributaria no desaparecería para que se mantuviera el control de las transacciones que se llevan a cabo en términos de patrimonio.

La iniciativa de la formación naranja amplía los colectivos a los que afecta el impuesto para que la bonificación del 100 % no sólo incluya al grupo 1 (de padres a hijos o cónyuges), sino también al grupo 2 (de abuelos a nietos).

Asimismo, estos dos grupos de familiares quedarían exentos del pago del impuesto cuando se tratara de herencias de vivienda habitual o de empresas.

La controversia está servida para los grupos parlamentarios que deberán pronunciarse ante una toma en consideración cuya aprobación no está asegurada.

El grupo parlamentario del PP ha anunciado a EFE que apoyará a Ciudadanos después de que su nuevo líder, Pablo Casado, haya reiterado en varias ocasiones su compromiso de “suprimir” este impuesto.

El portavoz parlamentario de Presupuestos, Jaime de Olano, ha señalado que “en todo caso el PP pedirá que se enmiende el texto porque adolece de precisión”.

“En la tramitación deberíamos resolver la compensación a las CCAA por la pérdida de recaudación (que sería del 100 %) del impuesto, ya que está totalmente transferido como parte de la financiación autonómica”, ha dicho.

También ha afirmado que la iniciativa naranja “abre un agujero” en la donación de empresas a gestores “en condiciones muy favorables” y que la exención no se entendería en el caso de grandes empresas.

El PSOE también aboga por modificar este impuesto y homogeneizarlo en todas las autonomías, aunque propone un mínimo, mientras que Unidos Podemos quiere que además sea progresivo al gravar la riqueza.

El diputado socialista Gonzalo Palacín ha señalado a EFE que el impuesto habría que armonizarlo y definirlo bien para que vaya destinado a patrimonios elevados.

El PDeCAT tiene claro que votará en contra de la iniciativa de Cs y así lo ha confirmado su diputado Ferran Bel, que explica que “en la plena competencia de las autonomías es donde está la riqueza de un Estado descentralizado”.

El PNV ha asegurado que al ser un tributo concertado y estar regulado en los tres territorios vascos habitualmente suele abstenerse en los debates fiscales, aunque todavía no ha definido su voto.

Desde Compromís, el diputado económico Ignasi Candela ha sido tajante al señalar a EFE que votarán en contra porque “no pueden heredarse por la cara las grandes riquezas”.

“Lo que propone Ciudadanos no es otra cosa que favorecer a los grandes patrimonios de este país. Es totalmente regresivo desde el punto de vista fiscal”, ha puntualizado.

El portavoz parlamentario de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ha recordado que la proposición de ley incluye una disposición adicional para que en la próxima reforma de financiación autonómica se contemple una fórmula que palíe la falta de recaudación que tendrían las CCAA .

Junto a las reducciones y bonificaciones por razón de parentesco, la iniciativa naranja también establece otras reducciones, como por razón de discapacidad o dependencia, que quedan fijadas en 180.000 euros para las herencias o donaciones de las que sean beneficiarios personas que acrediten un grado de discapacidad de, al menos, el 33 % o situación de dependencia moderada.

Y en 360.000 euros para las herencias o donaciones por personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 66 % o situación de dependencia severa o gran dependencia.

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