El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reiterado que el Gobierno de España “no alertó a la Generalitat sobre el desbordamiento del barranco del Poyo” y ha acusado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, de “haber ocultado durante meses su responsabilidad directa en la descoordinación de las agencias estatales durante la dana del pasado 29 de octubre”.
Barrachina expresó su opinión en un comunicado tras conocerse la declaración de Bernabé ante la jueza que investiga la gestión de la dana, en calidad de testigo. Bernabé afirmó que el 29 de octubre, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con quien más estuvo en contacto y quien coordinaba con los alcaldes, no le informó por la mañana sobre el riesgo del desbordamiento del río Magro, del que solo supo a través de los medios de comunicación.
Barrachina ha sostenido que Bernabé “no solo mintió por omisión, sino también por cálculo político”. Aseveró que solo al verse obligada a declarar ante la jueza, reconoció que había delegado verbalmente en el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar la tarea de alertar a los alcaldes, sin asegurarse de que dicha advertencia se había realizado.
Además, Barrachina indicó que “la Confederación, bajo su responsabilidad política, ni siquiera avisó a la Generalitat sobre el desbordamiento del barranco del Poyo”. Añadió que tras el desbordamiento del Magro, “Bernabé no recibió ninguna llamada y fue ella quien tuvo que comunicarse”. También criticó que “cuando el barranco del Poyo alcanzó niveles críticos a las 13:42, tampoco se emitió ningún aviso”.
El conseller afirmó que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana es “la máxima responsable política de todas las estructuras estatales implicadas” y advirtió que “su intento de eludir responsabilidades es una falta de respeto hacia los municipios afectados, hacia las víctimas y hacia todos los que trabajaron durante esa jornada”.
Finalmente, Barrachina subrayó la gravedad de que una declaración judicial fuera necesaria para que Pilar Bernabé admitiera que la Confederación Hidrográfica del Júcar no notificó ni a la Generalitat ni a los municipios del desbordamiento. Criticó que el Gobierno central solo ahora admite lo que negó durante meses, tras haber mentido reiteradamente, y lamentó que no se haya producido ninguna dimisión pese a la situación. Enfatizó que la Generalitat continuará “responsabilizando a quienes fallaron”, dado que hay daños irreparables y una verdad que no debe ocultarse.
