La Conselleria de Servicios Sociales asegura que el proyecto Finca Soria, gestionado por Ojala Habitats SL, no dispone de la autorización necesaria para funcionar como centro de servicios sociales en la Comunitat Valenciana. Las denuncias conocidas en Países Bajos incluyen restricciones de comida, inmovilizaciones y limitaciones de las comunicaciones privadas con las familias.
La Generalitat Valenciana ha exigido el cese inmediato de la actividad de un centro para menores neerlandeses situado en Aspe (Alicante) después de comprobar que, según la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, no cuenta con la autorización preceptiva para funcionar.
Se trata del proyecto Finca Soria, gestionado por la entidad Ojala Habitats SL, que acoge a menores procedentes de Países Bajos con problemas de conducta.
La actuación de la Generalitat llega después de que la televisión pública neerlandesa sacara a la luz denuncias sobre las condiciones en las que supuestamente permanecían algunos de los jóvenes.
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El centro no figura en el registro de la Generalitat
La Conselleria ha comprobado que Finca Soria no consta inscrita en el Registro General de Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Servicios Sociales (RESes).
Por tanto, según la administración autonómica, no figura como una entidad autorizada para prestar servicios sociales en la Comunitat Valenciana.
La Generalitat considera que esta situación vulnera la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos y ha requerido el cese inmediato de la actividad.
La Conselleria advierte además de que podrá abrir un expediente sancionador y adoptar medidas legales adicionales si la entidad no hace efectivo el cierre.
Menores enviados desde Países Bajos
Según la información difundida por la televisión pública neerlandesa, el centro acoge a jóvenes neerlandeses con problemas de conducta.
Algunos habrían sido trasladados a España por decisión de los servicios de protección juvenil, mientras que otros habrían llegado voluntariamente a través de municipios de Países Bajos.
Las denuncias sobre el funcionamiento del centro no serían nuevas.
El medio neerlandés sitúa los primeros testimonios conocidos al menos en 2021, cuando cinco jóvenes acudieron al defensor del menor de Ámsterdam para denunciar las condiciones en las que afirmaban vivir durante su estancia en España.
Posteriormente, diferentes organismos neerlandeses habrían retirado a jóvenes del centro por dudas relacionadas con su seguridad.
Restricción de comida e inmovilizaciones entre las prácticas denunciadas
Entre las prácticas denunciadas se encuentran supuestos castigos consistentes en reducir la cantidad de comida que recibían los menores.
También se denuncia que algunos jóvenes eran obligados a permanecer sentados sobre un amigo y que se realizaban intervenciones físicas para inmovilizarlos.
A estas acusaciones se añaden restricciones sobre las comunicaciones.
Los testimonios recogidos señalan que los menores no podían mantener conversaciones privadas con sus familias o tutores y mencionan también la presencia intimidatoria de un perro de seguridad.
Se trata, en todo caso, de prácticas denunciadas, no de hechos declarados probados judicialmente.
El Consell amenaza con sanciones si continúa funcionando
La actuación inmediata de la Generalitat se centra, por el momento, en una cuestión administrativa: el centro carecería de la autorización necesaria para desarrollar esta actividad en la Comunitat Valenciana.
Por ese motivo, Servicios Sociales ha requerido su cierre.
Si la entidad continúa funcionando pese a la orden, la administración valenciana contempla tanto la apertura de un procedimiento sancionador como la adopción de otras medidas legales.
El caso abre además interrogantes sobre cómo pudo funcionar durante años en Aspe un centro que recibía menores procedentes de otro país sin figurar, según la Generalitat, entre las entidades autorizadas para prestar estos servicios en la Comunitat Valenciana.
