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Impacto de la ausencia de una Zona de Bajas Emisiones: incremento del precio del bonobús y reducción del 10% en el presupuesto municipal
En el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valencia celebrado este lunes, quedó evidente que los partidos políticos con representación en el Hemiciclo no están alineados para que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) avance. A menos que ocurra algo inesperado, y dado que el PP no cuenta con el respaldo de su socio de gobierno, Vox, ni de la oposición, compuesta por Compromís y PSPV, ya no hay tiempo para modificar la ordenanza. Esta debería seguir el procedimiento habitual de revisión en comisión, aprobación en pleno, exposición pública y ratificación en pleno.
Con este escenario ya avanzado diciembre, no aprobar la ZBE en 2026 podría afectar económicamente a los ciudadanos. En primera instancia, podrían dejar de recibir ayudas estatales de entre 35 y 40 millones de euros para el transporte público urbano, ya que están condicionadas a la implementación de la ZBE. Según Compromís y PSPV, la desaparición de estas ayudas implicaría un incremento del bonobús de 3,40 euros, lo que llevaría a los usuarios a pagar 8,5 euros en lugar de los actuales 5,1 euros, como afirmó Borja Sanjuan, portavoz del PSPV.
Además, queda por ver si se logra algún acuerdo para aprobar la ordenanza de la ZBE. Si no se llega a un consenso, el Ministerio para la Transición Ecológica podría detener el envío de dichas ayudas. Otra repercusión posible es que el presupuesto municipal sufra una merma del 10%, cifra que la oposición estima sería el coste de devolver las ayudas europeas recibidas y la multa por no implementar la ZBE.
Reintegro de fondos por obras terminadas
El Ayuntamiento se enfrentaría a la obligación de devolver 57,8 millones de euros de financiación europea, destinados a respaldar proyectos ya completados. Esto incluye la ampliación de zonas peatonales en diversas calles, entre ellas Isabel la Católica y Avenida Malvarrosa, la adquisición de autobuses eléctricos, la electrificación de la cochera principal de la EMT y la digitalización de la flota de autobuses urbanos. Estos fondos también costearon la sensorización de plazas de carga y descarga, mejoras de accesibilidad en mercados y carriles bici, y el Bus Ràpid Trànsit de la EMT en Blasco Ibáñez, como menciona el PSPV.
Por el momento, ya se han instalado las cámaras para la ZBE, aunque no se pueden emitir multas sin una ordenanza vigente.
Importancia de las multas
Si no se aprueba la ordenanza, además de devolver los 57,8 millones, el Gobierno podría imponer multas de hasta el 100% de la subvención recibida, es decir, otros 57,8 millones de euros, con posibilidad de aumento hasta el 300%, dependiendo de los criterios del Ministerio, como advierte Compromís. Esto se sumaría a la pérdida de varios millones de euros financiados por el Estado en los billetes SUMA.
Estos factores podrían significar una pérdida total de 155,6 millones para el Consistorio, y desde Compromís señalan los riesgos de perder la oportunidad de acceder a nuevos fondos europeos e inversiones.
Acciones judiciales
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, expresó la posibilidad de recurrir a los tribunales si la ordenanza de ZBE no avanzaba debido al bloqueo de la oposición. El 12 de noviembre pasado, Catalá advirtió del riesgo de no aprobar la ordenanza, afirmando que en caso de sanciones de Europa, se consideraría una acción judicial.
El socialista Borja Sanjuan señaló que Valencia podría ser la única gran ciudad de España sin esta medida, lo que implicaría perder 150 millones de euros y dejar de subvencionar el transporte público, encareciendo el bonobús a partir del 1 de enero. Para Papi Robles, portavoz de Compromís, aprobar la ordenanza es crucial para reducir la contaminación y cumplir la normativa europea, además de evitar la pérdida económica y sanitaria que podría suponer la postura de Catalá.
