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el departamento de salud de La Ribera, en Alzira, vuelve este 1 de abril a la gestión pública

Hospital-FaçanaLa primera concesión privada de la sanidad pública en España, el departamento de salud de La Ribera, en Alzira, vuelve este 1 de abril a la gestión pública directa tras 18 años del que ya se conoce como “modelo Alzira”. La Generalitat Valenciana no prorrogó el contrato con la concesionaria, de acuerdo con el pacto de gobierno conocido como Pacto del Botánico, suscrito tras las elecciones de 2015 entre PSPV, Compromís y Podemos, que acaba así con la primera experiencia de gestión sanitaria privada en España.

La reversión del modelo aviva el debate entre los partidarios de la “colaboración público-privada” ante una población cada vez más envejecida “que requiere cada vez más recursos” y los defensores de lo público como garantía de “un servicio básico que es derecho del ciudadano” y para evitar problemas fruto de decisiones tomadas desde el “interés empresarial”.

Ante la primera reversión de la gestión sanitaria privada en España y en el mundo, el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez, cree que ha pasado tiempo “suficiente” desde que se pusieron en marcha estos “modelos de privatización” y que hay “mucha información”, aunque “se ha tratado de ocultar”, para concluir que “multiplican por cinco, seis e incluso nueve veces el coste del modelo tradicional”.

Ribera Salud, la concesionaria en esta primera experiencia de “colaboración” privada, defiende que han ahorrado un 24,6% de recursos públicos (unos 42,5 millones de euros anuales entre 2009 y 2015), tal y como recoge una auditoría publicada hace un año por la Sindicatura de Cuentas sobre la asistencia sanitaria en el departamento de salud de Manises entre 2009 y 2015. Otros informes rechazan esa conclusión, como el del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) que cifra en unos 65 millones el sobrecoste del modelo Alzira en 2016 y 2016.

Un proceso complejo

De momento, la consellería ha anunciado que se invertirán 5,7 millones de euros y se reforzará la plantilla con la contratación de 303 trabajadores a lo largo de 2018. Se han planificado “todos los turnos de los trabajadores de La Ribera” tras “un intenso trabajo” y para ello, la hasta ahora directora general de Alta Inspección, Isabel González, se ha reunido en medio centenar de encuentros con “todos los jefes de servicio” del hospital de La Ribera, afirma la consellería.

El hasta ahora director gerente de La Ribera, Javier Palau, a quien Isabel González relevará en el cargo el 1 de abril, no duda de que los pacientes llegarán y serán atendidos, sin embargo, cree que habrá un “claro impacto” de la reversión y que las listas de espera serán “progresivamente más altas” teniendo en cuenta la experiencia en otros departamentos.

En el transcurso del proceso de reversión a la gestión pública directa en Alzira, las críticas y reproches de falta de colaboración y diálogo han sido continuas por ambas partes desde que el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig lo anunció el 16 de septiembre de 2016.

La administración autonómica asegura que ha echado de menos “una mayor colaboración de la concesionaria” y que ejemplo de ello es la oposición mostrada por la empresa, con nueve resoluciones en los tribunales que han desestimado los procedimientos judiciales planteados por la empresa contra la decisión de no prorrogar el contrato. Cuando el tiempo de la concesión se cumple, dice el portavoz de la FADSP, la concesionaria utiliza “todo tipo de artimañanas para que eso no suceda” y “parece pretender que estas concesiones sean ad infinitum“, denuncia Marciano Sánchez.

Por su parte, el hasta ahora director gerente, Javier Palau habla de “poca capacidad de diálogo” porque el departamento de la Ribera “tenía que ser revertido pasara lo que pasara” y que la sensación ha sido la de “darse con un muro”. “Siempre se hos ha trasladado que era una decisión tomada ya en el Pacto del Botánico independientemente de cuáles pudieran ser los resultados”, afirma Palau, quien cree que hubiera sido más “razonable” hacer antes un análisis de estos 18 años de gestión.

Calidad de la asistencia sanitaria

“El modelo Alzira tiene un número de profesionales por habitante distinto al sistema público y en la prestación sanitaria la calidad está muy ligada al número profesionales que la prestan porque no se puede sustituir a las personas”, explica el portavoz de la FADSP. El mismo informe de la Sindicatura de Cuentas que cifra en un 25% el ahorro con este tipo de concesión privada, sitúa el número de facultativos en el departamento de Manises en 2,33 por cada 1.000 habitantes, el menor de los ratios entre los 24 departamentos de salud de la comunidad.

En este sentido, el hasta ahora director gerente de Ribera Salud reconoce que “probablemente” en comparación con la gestión directa tienen “un número más reducido de personas trabajando” pero al mismo tiempo señala que se trata de personas con un modelo de recursos humanos distinto que tiene “la capacidad de trabajar en momentos extraordinarios” porque la gestión privada les ha permitido incentivar la actividad de los médicos pagándoles hasta un 20% más de su sueldo.

Sin embargo, el informe de la Sindicatura de Cuentas sitúa el gasto medio por empleado en el departamento de Manises (44.722 euros) es inferior en un 9,6% al de la media de los hospitales comarcales (49.453 euros).

En relación a otro de los indicadores de la calidad de la asistencia sanitaria, las listas de espera, el hasta ahora director gerente de la Ribera, Javier Palau, también defiende que el modelo de gestión público-privado ha conseguido que sean inferiores a las del sistema público. Así lo señala el mencionado informe de la Sindicatura de Cuentas, que sitúa en 67 y 45 días la espera media para cirugías y consultas externas en la Comunidad Valenciana, frente a los 36 días y 22 días de espera en el departamento de Manises.

Palau insiste en que la gestión indirecta es “mucho más eficiente y se pueden hacer más cosas” porque, entre otras cosas, asegura, los quirófanos en la gestión pública directa “están cerrados por la tarde” y hay que recurrir a bolsas de trabajo pues no existe la posibilidad de “contratar a profesionales de una manera mucho más dirigida”.

Transparencia 

Por su parte, el actual gobierno de la Generalitat Valenciana considera que la planificación sanitaria de la red pública con los anteriores gobiernos se ha diseñado “en función de los intereses de las empresas adjudicatarias” del ‘modelo Alzira’ y no del interés general.

El “modelo Alzira” ha demostrado, según el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez, que la gestión privada del sistema sanitario público no da “buenos resultados” porque favorece “intereses empresariales” que crean “toda una serie de problemas colaterales”.

El portavoz de la FADSP ve “una serie de incidentes” que demuestran que no se ha actuado de manera “razonable”, como el hecho “difícil de explicar” de que llegado un momento, en 2003, la Generalitat Valenciana asigna a la empresa el supuesto de indemnización por lucro cesante que en este caso significó pagar 26,3 millones de euros a Ribera Salud. “Ni el contrato de fecha 19 de junio de 1997, ni el pliego de cláusulas de explotación contemplaban el supuesto de indemnización por lucro cesante en el supuesto de resolución del contrato por mutuo acuerdo”, recogía textualmente el informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2003.

Estas concesiones”, señala Marciano Sánchez al recordar la adjudicación del hospital de Son Espases de Palma de Mallorca, se ven “inmersas” en “situaciones cercanas a la corrupción como es el caso del juicio oral abierto contra el expresidente balear Jaume Matas acusado de prevaricación, malversación y fraude.

En cualquier caso, todavía está por ver si la vuelta a la gestión pública directa del distrito de la Ribera, que atiende a 250.000 habitantes, sirve a corto y medio plazo como radiografía para que los expertos puedan analizar y conocer mejor los puntos fuertes y débiles del sistema sanitario español.

Origen del ‘modelo Alzira’

El primer “modelo de colaboración público-privada” en la Sanidad española se implantó en Alzira, en Valencia, en España en 1999 con Eduardo Zaplana (PP) como presidente de la Generalitat Valenciana, aunque el actual contrato con la empresa concesionaria, Ribera Salud que termina este 31 de marzo se adjudicó en 2003. La Unión Temporal de Empresas Ribera Salud II, formada por Adeslas, Dragados y Lubasa, fue la adjudicataria de la construcción del hospital de La Ribera, en Alzira y de su gestión para un plazo de 15 años.

Si bien la adjudicación se hizo en 1997,la administración pública sacó de nuevo el servicio a concurso en 2003 con un precio más ventajoso para la concesionaria (de 250 a 571 euros por persona al año) y se le adjudicó además la gestión de la atención de los 35 centros de salud del área. La adjudicataria fue la misma UTE.

Esta concesión fue posible gracias a la Ley 15/1997 de 25 de abril que abrió la puerta a que los servicios sanitarios fueran prestados por una entidad jurídica distinta del Estado.

Después la Generalitat Valenciana hizo lo mismo con los hospitales de Denia, Torrevieja, Manises y Elche, cuyas concesiones terminan en 2021, 2024 y 2025 respectivamente. Ribera Salud, una sociedad participada al 50% por Banco Sabadell y por Centene Corporation, gestiona los centros sanitarios de Torrevieja y Elche, mientras que una sociedad participada en un 65% por DKV y un 35% por Ribera Salud gestiona el de Denia y el de Manises está adjudicado a Sanitas.

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