El “despilfarro” de la obra pública en España: según los geógrafos, al menos 81.000 millones en los últimos 20 años

descarga (7)En las dos últimas décadas, la Administración pública española ha comprometido más de 81.000 millones de euros en “infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas” y que “no responden a los criterios de rentabilidad social exigibles”. Una cantidad que puede superar los 97.000 millones en un futuro próximo si se suman las obligaciones ya adquiridas.

Esta es una de las principales conclusiones del informe ‘Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas’, publicado en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. Un estudio que considera que en la obra pública española se han sucedido cuatro formas de “despilfarro” en los últimos 20 años: corrupción, obras infrautilizadas, proyectos inútiles y priorización inadecuada de inversiones.

Las estimaciones del cuerpo de geógrafos ponen de manifiesto que en determinados periodos, como el boom económico del 2000-2008, la cifra llegó a alcanzar hasta un 20% del Producto Interior Bruto (PIB), si bien desde el inicio de la crisis económica se ha situado en el 3%.

El informe indica que se han llevado a cabo excesivas inversiones en infraestructuras impulsadas y ejecutadas por la Administración General del Estado como ferrocarriles, autopistas y autovías, puertos y aeropuertos y desaladoras, además de proyectos, eventos e inversiones fallidas o infrautilizadas acometidas por las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales.

El AVE en España, en el punto de mira

España es el segundo país del mundo con la mayor red de alta velocidad con 3.143 kilómetros, según Adif, tan solo por detrás de China.

Atendiendo a criterios de eficiencia económica y rentabilidad social, el informe de la Asociación de Geógrafos considera que las líneas de alta velocidad (AVE) han supuesto en las últimas dos décadas una asignación inadecuada de 26.240 millones de euros de dinero público. Una cifra que corresponde a más de la mitad de los 42.000 millones invertidos en el mismo periodo.

Según el mismo, existen “demasiadas estaciones millonarias, líneas cerradas e innecesarias, tramos abandonados a mitad, sobrecostes desproporcionados y desfases bajo sospecha. Todo ello sin haber realizado un correcto análisis coste-beneficio y, a menudo, con estimaciones de usuarios o ingresos influidas por una coyuntura de euforia económica tan evidente como efímera”.

Entre ellos, destacan los gastos “innecesarios” en la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa, con un total de 8.966 millones de euros, la línea entre Valladolid y Santiago de Compostela con casi 5.000 millones o la variante de Pajares con un “despilfarro” de más de 3.500 millones de euros.

Puertos y aeropuertos

Siguiendo con la utilización inadecuada de recursos públicos, el informe sitúa en segundo lugar a la red de puertos y aeropuertos españoles. En total estima que más de 9.512 millones de euros han ido a parar a obras que ahora se encuentran “cerradas, sin pasajeros o con un número tan reducido que seguirán siendo deficitarios durante décadas y que respondían, sin más criterio, a una supuesta rentabilidad electoral”.

Una simple lectura de la información oficial de AENA sobre número de pasajeros en 2017 es suficiente para concluir que al menos la tercera parte del total de aeropuertos de su competencia son prescindibles.

Según el informe, de los ocho aeropuertos seleccionados: varios no eran necesarios (un 28%), no había necesidad acuciante de ampliar (Badajoz), la mayoría sufrieron sobrecostes y retrasos (el más significativo el de La Palma), contaban con infraestructuras de tamaño excesivo o las previsiones de pasajeros excesivamente optimistas (Córdoba, 179.000 previstos y 6.955 reales). Destacando el aeropuerto de Ciudad Real, donde más de 1.029 millones de euros fueron “dilapidados” en un aeropuerto programado para 2,5 millones de pasajeros próximo a una ciudad de 75.000 habitantes. O el de Madrid-Barajas, con 6.200 millones de euros.

En el caso de los puertos destaca la gran inversión pública “infrautilizada” del puerto exterior de A Coruña y la ampliación de puerto del Musel en Gijón con 1.000 y 826 millones, respectivamente.

El cuerpo de geógrafos critica el “carácter ineficaz e insostenible” de una parte significativa de la inversión, las infraestructuras “infrautilizadas” o sin utilizar durante más de tres años, además de la “inexistencia o falta de idoneidad” de muchos enlaces viarios o ferroviarios o riesgo de haber sobreestimado la necesidad de capacidad portuaria adicional.

5.000 millones en autopistas de peaje

En lo que respecta a las carreteras, y según las estimaciones del cuerpo de geógrafos, el gasto se sitúa en 5.952 millones de euros, de los que casi 5.000 millones corresponden a las ocho autopistas de peaje construidas a partir del año 2000.

Precisamente ha sido este modelo de peaje el que recoge los peores resultados, entrando en quiebra muchas de las sociedades y teniendo que ser rescatado por el Estado debido a su falta de rentabilidad.

Son 710 kilómetros de vías que corresponden a la Administración General del Estado: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (eje aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-7 (Cartagena-Vera o circunvalación de Alicante).

Los proyectos de obra pública en las desaladoras no se quedan atrás y presentan igualmente gastos “desproporcionados” por valor de casi 4.300 millones de euros. Una cifra similar al destinado al proyecto Castor, en el cual se han dilapidado hasta ahora un total de 1.760 millones de euros pero que puede llegar a alcanzar los 3.700 millones, y que según los expertos presenta “un ejemplo claro de socialización de pérdidas de un proyecto fracasado, en el que la empresa concesionaria recuperó todo el dinero invertido y la administración pública se eximió de toda responsabilidad”.

Un 90% de recursos mal utilizados en las comunidades

En lo que respecta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos el “sobrecoste” ha alcanzado los 34.600 millones de euros en obras públicas “innecesarias” como equipamientos culturales o científicos, parques y ciudades temáticas o grandes eventos.

Cataluña y la Comunidad de Madrid ocupan los primeros puestos de la lista. Le siguen la Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha. Este primer grupo de siete comunidades supone más del 90% del total de los recursos públicos mal utilizados. Una asimetría que no se explica solo por el desigual peso poblacional y de recursos, sino que también “obedece a estrategias y proyectos impulsados por responsables políticos que finalmente han resultado una carga que ahora resulta difícil de gestionar”.

Aquí destacan proyectos como la Ciudad de la Justicia de Madrid, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Terra Mítica o las líneas de tranvía de Parla o Jaén.

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