El llamado ‘Informe Génova-J. P. LL.’ analiza posibles titulares de prensa y plantea una difusión escalonada de sus acusaciones antes de las autonómicas de 2027

El dosier anónimo sobre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que el PSPV ha anunciado que remitirá a la Fiscalía Anticorrupción, no se limita a recoger supuestas irregularidades relacionadas con el jefe del Consell y su entorno.

El documento, formado por 36 páginas y un resumen ejecutivo de cuatro folios, también reconoce la realización de seguimientos sobre Pérez Llorca y varias personas de su círculo próximo. Además, analiza cómo podría difundirse su contenido, los titulares que supuestamente generaría y el posible impacto político y electoral de su publicación.

Las acusaciones incluidas en el informe no han sido acreditadas judicialmente y se desconoce quién encargó y elaboró el documento. El PP ha cuestionado su credibilidad y ha instado a los socialistas a trasladarlo a los tribunales si consideran que contiene indicios delictivos.

Seguimientos al presidente y su entorno

Bajo el título ‘Dosier Valencia’ y el epígrafe ‘Informe Génova-J. P. LL.’, el expediente identifica como integrantes del círculo próximo al presidente a Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras; David Serra, consejero externo de Pérez Llorca; y Miguel Ángel Ivorra Devesa, director general de Urbanismo.

El documento sostiene que un denominado “operativo de campo” realizó seguimientos a estas personas y al propio presidente.

En uno de los apartados se afirma que Serra e Ivorra fueron observados en un bar de Valencia durante reuniones mantenidas en diferentes fechas con empresarios. Sin embargo, el texto no concreta los días, las horas ni la identidad de esas personas.

El dosier extrae sospechas de unas supuestas “conversaciones observadas”, pero no precisa cómo pudo conocerse su contenido ni aporta, en los fragmentos difundidos, elementos que permitan comprobarlas.

También menciona un seguimiento a Pérez Llorca y Serra durante un encuentro con un empresario en el palco privado de un recinto deportivo. El informe asegura disponer de una prueba gráfica y utiliza la reunión para apuntar la existencia de una relación estrecha entre los asistentes.

La celebración de reuniones o encuentros con empresarios no constituye por sí misma ninguna conducta ilegal. Cualquier posible responsabilidad necesitaría hechos acreditados y no únicamente interpretaciones o sospechas recogidas en un documento anónimo.

“Titulares plausibles” para cada caso

Uno de los aspectos más llamativos del dosier es su interés por las consecuencias mediáticas de las acusaciones.

Cada una de sus ocho fichas termina con un cuadro que incluye una tesis, los “hechos que importan”, el “impacto previsible si se publica” y el “titular plausible” que podría aparecer en los medios.

El documento sostiene que varias informaciones permitirían construir la narrativa política de un “otro Mazón” y relaciona las acusaciones con el desgaste sufrido por el anterior presidente de la Generalitat.

El texto llega a afirmar que una eventual publicación podría “arrastrar inevitablemente al president por la cadena de confianza personal y de nombramientos”. Se trata de una conclusión política y valorativa poco habitual en un informe destinado únicamente a documentar posibles irregularidades.

Una filtración mediante “goteo controlado”

El expediente termina planteando diferentes “escenarios de filtración” dependiendo de si el documento llega a la prensa, a un partido de la oposición o directamente a un órgano judicial.

Para una publicación periodística propone un “goteo controlado, no explosión”. Según esta planificación, la difusión podría comenzar con las acusaciones relacionadas con determinadas actuaciones urbanísticas de Finestrat que supuestamente habrían beneficiado a Pérez Llorca.

El dosier calcula que la controversia podría extenderse durante un periodo inicial de entre tres y seis semanas y conservar capacidad de reactivación durante 12 o 18 meses.

Incluso menciona la posibilidad de coordinar los momentos de mayor repercusión con la proximidad de las elecciones autonómicas de 2027. Esta referencia refuerza la apariencia de que el documento no tendría únicamente una finalidad jurídica, sino también una vertiente mediática y electoral.

La entrega a la Justicia, el “escenario más grave”

El propio informe califica como “escenario más grave” la entrega completa del expediente a la Justicia.

Sus autores consideran que esta opción permitiría incorporar conjuntamente todos los casos y facilitaría a un juez un supuesto “mapa completo” de las posibles actuaciones investigables.

El texto menciona hipotéticos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas. Sin embargo, estas referencias representan valoraciones del documento y no implican que exista una investigación judicial abierta ni que se haya acreditado la comisión de esos delitos.

El PSPV ha anunciado que llevará el dosier a la Fiscalía Anticorrupción. Será entonces cuando el Ministerio Público deberá decidir si su contenido presenta indicios suficientes para abrir diligencias, solicitar información adicional o archivar la documentación.

Hasta ese momento, el informe continúa siendo un documento anónimo compuesto por acusaciones no contrastadas y cuya estructura revela un interés tan intenso por su posible repercusión mediática y electoral como por las supuestas irregularidades que afirma describir.