La Fiscalía de Valencia advierte sobre la posible “judicialización de la política” en el caso de la DANA
La Fiscalía de Valencia ha respaldado las solicitudes de la exconsellera Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, instando a la Audiencia de Valencia a obligar a la jueza de la DANA a unificar las acusaciones populares y particulares para agilizar la instrucción. La magistrada se opuso recientemente a esta medida, argumentando que el gran número de acusaciones no ralentiza la investigación de un caso tan complejo.
Por su parte, el ministerio público sostiene un enfoque diferente. Señala que la disparidad de números entre las 14 acusaciones populares y las 21 particulares, frente a solo dos defensas, podría afectar la igualdad de condiciones en el proceso. Muestra preocupación porque los partidos políticos actúen como acusaciones populares, lo que considera genera una desconfianza válida. Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que resalta que esta situación incrementa el “riesgo de judicialización de la política al convertir el debate procesal en un ámbito de confrontación política”.
La acusación pública aclara que la unificación no implicaría la exclusión de ninguna parte, sino compartir abogado y procurador. Añade que hay acusaciones populares cuyas finalidades no se ajustan al contexto de un delito semipúblico, lo que significa que sin las representaciones individuales no se habría podido iniciar la causa.
La Fiscalía mantiene su postura inicial ante la Audiencia: que Podemos, el primer partido que se personó y aportó la fianza, aglutine al resto de formaciones implicadas. En cuanto a las acusaciones particulares, propone que se nombren cinco portavoces para liderar la acción penal.
El ministerio público expresa su desacuerdo con la instructora respecto a que las acusaciones no afectan el avance del caso. Señala el alto volumen de diligencias solicitadas y rechazadas, y los recursos presentados que requieren respuesta tanto del juzgado como de la Audiencia. Además, critica la decisión de la magistrada de limitar futuras personaciones, considerándola contradictoria con su negativa a la unificación.
