El fiscal que lleva el caso de la dana en Valencia ha presentado un escrito en el que respalda la decisión tomada por la magistrada instructora a finales de julio, que rechazó llevar a cabo ciertas diligencias, incluyendo cambiar la condición del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, de testigo a investigado. El fiscal añade que el enfoque en la presa de Forata durante el Cecopi el 29 de octubre no interfería con la atención a otras emergencias ocurridas esa misma tarde.
En el documento, dirigido a la Audiencia de Valencia con fecha del 17 de septiembre, se solicita que se desestime el recurso de apelación presentado por la acusación popular representada por Vox contra la decisión de la magistrada de rechazar diversas diligencias de investigación solicitadas por la entidad Liberum. Además de la investigación de Polo, se solicitaba la declaración como testigo de la presidenta de Aemet, María José Rallo, y de técnicos involucrados con la presa de Forata.
El fiscal afirma que la resolución es “ajustada a derecho” y pide que la Audiencia la confirme. Sostiene que la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias e Interior, sobre la información enviada entre el 26 y el 30 de octubre de 2024 por Aemet y la CHJ, así como las alertas y situaciones de emergencia declaradas, demuestra que el 29 de octubre de 2024, a las 11:45, se activó la alerta hidrológica en los municipios ribereños del río Magro. La CHJ y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias hicieron seguimiento del caudal para informar de posibles riesgos.
Esta alerta, conforme al plan especial frente a inundaciones en la Comunitat Valenciana, llevó a un avance a la fase de emergencia, situación cero, bajo la coordinación del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, encargándose de determinar las medidas de protección necesarias para la población.
El fiscal también cita un informe sobre desbordamientos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Valencia de la Guardia Civil. Este informe señala que el desembalse de la presa de Forata comenzó entre las 17:00 y las 18:00 horas del 29 de octubre de 2024, al alcanzar la cota máxima, usando los aliviaderos superiores de la presa para el control del agua.
Durante ese periodo, se produjeron lluvias intensas en Turís que alimentaron el río Magro, lo que, junto con el desembalse, contribuyó al desbordamiento en el tramo posterior al embalse de Forata. No se puede precisar en qué medida cada factor influyó en el desbordamiento.
El fiscal sostiene que no es necesario investigar por qué el Cecopi centró su atención en el embalse de Forata, ya que esto no interfería con la supervisión de otras emergencias en la provincia de Valencia.
La magistrada basó su decisión de denegar las diligencias solicitadas en que el informe de la Guardia Civil había sido interpretado de manera particular. Esto también se fundamentó en teorías ya superadas sobre un “apagón informativo” y rumores infundados sobre el efecto de la presa de Forata. Estos argumentos se obviaron tanto en el fallo de la magistrada como en decisiones previas de la Audiencia Provincial de Valencia.
Tras la última declaración de Polo, una nueva acusación popular, presentada por Valores, ha solicitado a la magistrada que investigue al presidente de la CHJ, argumentando que su actuación podría ser indicativa de conductas criminales.
