El fiscal del caso de la dana ha defendido la legalidad de la decisión tomada por la magistrada instructora a finales de julio, que desestimó una serie de diligencias, entre ellas cambiar el estatus del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, de testigo a investigado. En el documento presentado al tribunal de la Audiencia de Valencia, con fecha del 17 de septiembre, el fiscal solicita que se rechace el recurso de apelación presentado por Vox contra la decisión de la jueza, que denegó las diligencias de investigación propuestas por la entidad Liberum. Entre estas diligencias, se incluía la declaración como testigo de la presidenta de Aemet, María José Rallo, y de técnicos y personal vinculados con la presa de Forata.
El fiscal sostiene que la resolución en cuestión es conforme a derecho y solicita a la Audiencia su confirmación. Según la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias e Interior, la información de Aemet y la CHJ enviada al Centro de Coordinación de Emergencias entre el 26 y el 30 de octubre de 2024, reveló que este organismo activó, el 29 de octubre de 2024 a las 11:45 horas, la alerta hidrológica en los municipios cercanos al río Magro. Comunicaron que la CHJ y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias seguían el flujo caudaloso para alertar de cualquier riesgo potencial.
Esta alerta, en cumplimiento con el plan especial frente al riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana, llevó la incidencia a la fase de emergencia en situación cero. Así, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, a través del director del plan, se encargó de coordinar y dirigir las actuaciones necesarias para manejar la situación.
El fiscal también menciona que, según el informe de la Guardia Civil sobre el cronograma y análisis de desbordamientos, el vaciado de la presa de Forata comenzó entre las 17:00 y las 18:00 horas del 29 de octubre de 2024, coincidiendo con el máximo nivel del agua, ya que los únicos elementos utilizados para el desagüe fueron los aliviaderos superiores.
Durante ese horario, se registraron lluvias torrenciales en el municipio de Turís, que contribuyeron al desbordamiento del río Magro junto con el agua liberada de la presa de Forata. Por esto, no se puede determinar con certeza la influencia específica de cada factor en el desbordamiento.
Asimismo, el fiscal considera que no es necesario investigar por qué el Cecopi se centró inicialmente en la emergencia del embalse de Forata, dado que esta atención era compatible con el seguimiento de otras emergencias en la provincia.
La resolución de la magistrada se sustentó, entre otros aspectos, en un informe de la Guardia Civil que fue interpretado de forma particular, y en teorías superadas sobre la información respecto a la presa Forata.
Después de la declaración de Polo del pasado viernes, otra acusación popular ejercida por Valores ha instado a la magistrada a investigar al presidente de la CHJ, al considerar que existen indicios razonables de criminalidad en su actuación.
