El fiscal general deja el cargo tras ser inhabilitado por el Supremo

Álvaro García Ortiz ha presentado su renuncia al frente de la Fiscalía General del Estado después de que el Tribunal Supremo lo condenara por un delito de revelación de datos. El ya exresponsable del Ministerio Público ha enviado una carta al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, solicitando que su cese sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Una condena que precipita su salida inmediata

La decisión llega pocos días después de que el Supremo anunciara la inhabilitación durante dos años para ejercer como fiscal general del Estado. La sentencia también incluye una multa económica y una indemnización a Alberto González Amador, cuyas informaciones fiscales fueron difundidas sin autorización.

Pese a que aún podría recurrir la resolución mediante un incidente de nulidad y acudir posteriormente al Tribunal Constitucional, García Ortiz ha optado por dar un paso atrás antes incluso de que se conozca el texto íntegro de la sentencia.

“Mi obligación es preservar la institución”

En la carta remitida al Gobierno, el exfiscal general señala que actúa por respeto “absoluto” a las decisiones judiciales y afirma que su intención es evitar que la situación afecte a la imagen y funcionamiento de la Fiscalía. Remarca que la institución “debe mantenerse al margen de cualquier conflicto personal o político”.

El relevo en la Fiscalía, próximo paso del Ejecutivo

La renuncia obliga al Ministerio de Justicia a activar el procedimiento para designar a un nuevo fiscal general. Hasta entonces, la estructura interna quedará en manos de la cúpula del Ministerio Público, que asumirá las funciones de forma transitoria.

Mientras tanto, el caso seguirá su curso judicial, a la espera de que García Ortiz decida si agota las vías de recurso disponibles tras su condena.

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