AGENCIAS El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de que anualmente se pagan entre 1,5 y 2 billones de dólares en sobornos en el conjunto de economías desarrolladas y emergentes, una cantidad que representa aproximadamente el 2% del PIB mundial. Así lo ha señalado en su informe Corrupción: Costes y Estrategias de Mitigación donde ha estimado que los costes económicos y sociales de la corrupción podrían ser potencialmente mayores.“Mientras los costes económicos directos de la corrupción son bien conocidos, los costes indirectos podrían ser incluso más sustanciales y debilitadores, provocando un menor crecimiento y mayor disparidad en los ingresos”, ha comentado la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien ha añadido que la corrupción “debilita la confianza” depositada en los Gobiernos y “degrada los estándares éticos” de los ciudadanos.
El Fondo ha alertado de que los “altos niveles de corrupción pública”, evidenciados tras los recientes escándalos desvelados en numerosos países, afectan sobre todas las fases de desarrollo de la economía. Ha detallado que la corrupción debilita la capacidad recaudatoria de los estados, ya que perjudica la cultura del cumplimiento e incrementa la evasión fiscal. Además, al inflar los costes de las licitaciones públicas, disminuye la cantidad y la calidad del gasto público.
Asimismo, como consecuencia de la menor recaudación, los países tienden a solicitar una mayor financiación a los bancos centrales, lo que tiende a provocar “sesgos inflacionistas” y a debilitar la supervisión y estabilidad del sector financiero.
Además, el FMI ha señalado que la corrupción también genera un impacto negativo sobre el conjunto de la sociedad y el medio ambiente, al provocar que las partidas presupuestarias destinadas al gasto social y medioambiental sean más reducidas.
Entre sus recomendaciones para combatir la corrupción, el FMI ha ensalzado la efectividad del marco regulatorio español contra el lavado de dinero, ya que durante la Operación Malaya “ayudó a identificar muchas empresas establecidas para el blanqueo de dinero”. “Sin embargo, donde los marcos regulatorios son débiles, como en Ucrania, los líderes corruptos pueden transferir grandes cantidades al extranjero”.
Por ello, ha dicho que “se deben establecer nuevas instituciones especializadas” en aquellos lugares donde se haya demostrado que las existentes son corruptas y pide marcos legales “efectivos” contra el lavado de dinero. Además, el Fondo ha instado a los diferentes gobiernos a adoptar estándares internacionales en lo que a transparencia financiera y fiscal se refiere, algo que considera como un “prerrequisito” para acabar con la corrupción.
