El objetivo es agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución con tres medidas principales:
- La reorganización de los tribunales a través de la puesta en marcha de los Tribunales Provinciales de Instancia
- Fortalecimiento de la especialización judicial que redunde en la profesionalización
- Reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del TS: el Alto Tribunal la establecerá cada tres meses en función de su relevancia y será publicada en el BOE
