El Gobierno de Pedro Sánchez encara uno de los momentos más delicados de su etapa política, marcado por una acumulación de investigaciones judiciales, polémicas institucionales y una creciente presión de la oposición.
El último episodio ha sido la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama le investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y le ha citado a declarar el próximo 2 de junio. Zapatero ha negado haber realizado gestiones ante ninguna administración pública relacionada con el rescate de la secadora.
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Una legislatura marcada por los casos judiciales
A la imputación de Zapatero se suman otros procedimientos que han golpeado directamente al entorno socialista. El Tribunal Supremo acordó en junio de 2025 prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, dentro del caso Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias vinculadas a adjudicaciones de obra pública.
También ha tenido un fuerte impacto institucional la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, con pena de multa y dos años de inhabilitación para el cargo.
Plus Ultra vuelve al centro del debate político
El público rescate de Plus Ultra, concedido tras la pandemia por 53 millones de euros, vuelve ahora al foco judicial y político. La Audiencia Nacional investiga si parte de esos fondos pudo acabar vinculado a una presunta red de tráfico de influencias y operaciones irregulares.
La UDEF ha registrado el despacho de Zapatero en Madrid y varias mercantiles, entre ellas una empresa vinculada a sus hijas, dentro de las diligencias acordadas por la Audiencia Nacional.
De la pandemia a la amnistía: años de tensión política
Desde 2018, el Ejecutivo de Sánchez ha atravesado crisis sucesivas: la pandemia, los rescates públicos, el caso Koldo, la ley del “solo sí es sí”, la reforma del delito de sedición, la ley de amnistía, el enfrentamiento con parte de la judicatura y los pactos con independentistas.
Algunas de estas decisiones son legales pero profundamente discutidas; otras están judicializadas; y otros forman parte del debate político e ideológico. Esa mezcla ha alimentado un clima de desconfianza y polarización difícil de comparar con etapas anteriores.
La oposición exige explicaciones.
El Partido Popular ha elevado el tono tras la imputación de Zapatero y exige explicaciones al Gobierno. Desde el PSOE, en cambio, se ha trasladado “tranquilidad” y respeto a la presunción de inocencia.
El resultado es un escenario político cada vez más tensionado, con una parte de la opinión pública convencida de que España vive una crisis institucional profunda y otra que ve en estas acusaciones una ofensiva política y judicial contra el Gobierno.
Un equilibrio cada vez más difícil de defender
Más allá de la lectura partidista, lo cierto es que la etapa 2018-2026 ha dejado una larga lista de controversias: dimisiones ministeriales, investigaciones por corrupción, conflictos territoriales, presión sobre las instituciones, récord de deuda pública, uso intensivo del decreto-ley y una sensación creciente de agotamiento político.
La clave ahora estará en los tribunales. Porque muchas de las acusaciones más graves todavía deben probarse judicialmente. Pero el daño político ya está hecho: el Gobierno de Sánchez llega a esta fase con un desgaste acumulado enorme y con la confianza institucional seriamente deteriorada.
