El Gobierno declara la emergencia climática en España y aprobará cinco medidas prioritarias en cien días

5488806El Gobierno ha declarado oficialmente la emergencia climática en España para hacer frente con más contundencia a los graves impactos derivados del cambio climático, en una decisión adoptada este martes por el Consejo de Ministros y que lleva aparejado el compromiso de adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno, entre ellas remitir al Congreso en los próximos cien días el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Así, en los próximos tres meses, el Gobierno se compromete también a definir la senda de descarbonización a largo plazo, más allá del horizonte de 2030 contemplado hasta la fecha, para alcanzar la llamada neutralidad climática (es decir, que la acción del hombre no tenga huella en el clima).

También el Ejecutivo prevé presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación, así como reforzar los mecanismos de participación mediante la puesta en marcha de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, inspirada en el ejemplo de Francia, que incluirá la participación de los jóvenes.

Del mismo modo, el Gobierno se compromete a “integrar la perspectiva de clima en los sectores productivos”, es decir, impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado que la aprobación de la emergencia climática va en línea con lo aprobado en la Unión Europea en este sentido y que el Gobierno sitúa así al cambio climático y la transición justa como eje transversal impulsando políticas.

Por su parte, la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido la adopción de esta medida para “ir mucho más deprisa” en la consecución de los objetivos de neutralidad climática y las políticas propuestas por razones de “justicia climática” entre países, territorios, generaciones y personas, por “futuro” del país que requiere un proyecto ambiental transversal y por “responsabilidad” política frente al desafío del cambio climático.

El Gobierno estudia fórmulas para nuevos impuestos “verdes”

Los objetivos concretos de la Ley de Cambio Climático implica alcanzar un sistema energético cien por cien renovable en los próximos 30 años, y una meta intermedia en la que la generación de electricidad con origen 100% renovable esté entre el 85% y el 95% en el año 2040. También se pretende tener un parque de turismos y vehículos comerciales no contaminantes y un sistema agrario neutro en CO2. Son los objetivos que se había fijado el PSOE en la anterior legislatura y en el anteproyecto cuya tramitación fue interrumpida por el adelanto electoral.

Preguntada sobre la revisión de los impuestos a los combustibles con arreglo a estos objetivos, Ribera ha eludido referirse a una revisión de los impuestos al diésel y ha recordado que “salvo casos justificados” no habrá subsidios a los combustibles fósiles, cumpliendo con lo acordado en 2009 por los países del G20.

Por su parte, Montero, en calidad de ministra de Hacienda, ha recordado que la “fiscalidad verde” es una cuestión de “especial interés” del Gobierno y que se están estudiando tributos de este tipo en otros países con el objetivo de buscar tasas “disuasorias”, “sin afán recaudatorio”, así como incentivos fiscales para impulsar la transformación del sector productivo.

Para la vicepresidenta Ribera, la declaración de emergencia climática por parte del Gobierno subraya la apuesta por la “transversalidad” de las políticas para la transición ecológica como un “esfuerzo colectivo” del nuevo gobierno de coalición, de modo que refuerza la moción aprobada en el Congreso el pasado mes de septiembre, por todos los partidos salvo Vox, para instar al Ejecutivo a tomar esta medida.

Y viene precedida de recientes resoluciones similares a finales de 2019, como la del Ayuntamiento de Madrid y el Parlamento Europeo, a las puertas de la Cumbre del Clima celebrada en Madrid, y otras más recientes este año del Ayuntamiento de Barcelona y el Parlamento de Canarias.

 

 

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