El Sidi Saler, un hotel situado en El Saler, vuelve a quedarse en el olvido de las administraciones y, especialmente, del Gobierno. Tras una sentencia judicial en febrero, que asigna al Ministerio de Transición Ecológica la responsabilidad de incoar un expediente para revocar la concesión a las dos empresas propietarias del edificio, el Ayuntamiento de Valencia, liderado por la alcaldesa María José Catalá, ha insistido en que el Gobierno asuma el mantenimiento y seguridad del lugar.
Catalá envió una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el 17 de febrero, una semana después de que se conociera el fallo judicial. En la misiva, expresaba la preocupación del Consistorio y los vecinos de El Saler por la incertidumbre sobre el futuro del inmueble. Sin embargo, casi dos meses después, el Ayuntamiento sigue sin recibir respuesta.
Fuentes municipales interpretan este silencio como una muestra de la desatención del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Valencia. Critican que, aunque el Ayuntamiento, el Consell y los regantes han logrado un acuerdo para asegurar el agua de la Albufera, el Gobierno no ha mostrado interés ni ha tomado decisiones. Exigen soluciones para el Sidi Saler y acusan al Gobierno de no actuar ni permitir que otros lo hagan. La redacción ha contactado con el Ministerio de Transición Ecológica sin obtener respuesta.
En la carta a Aagesen, Catalá explicó que las empresas propietarias tenían planes para restaurar el hotel, pero el deterioro del edificio y la presencia de okupas representan un problema de seguridad para los vecinos. La justicia ha señalado que el Sidi Saler lleva más de 13 años sin actividad hotelera y que la licencia otorgada en 2018 está caducada, lo que obliga al Ministerio a iniciar el proceso de caducidad de la concesión. La asociación de vecinos de El Saler se opone a la demolición y apuesta por la rehabilitación del inmueble, priorizando su integración con el entorno protegido.
Catalá solicitó una reunión con la vicepresidenta Aagesen para conocer los planes del Ministerio tras la sentencia. Finaliza la carta recordando que, debido al fallo judicial y la licencia caducada, es el Ministerio quien debe asumir la responsabilidad de la conservación, mantenimiento, seguridad y, si es necesario, demolición del edificio. La alcaldesa subraya la urgente necesidad de que el Gobierno tome medidas por los problemas de seguridad en la zona.
