El Gobierno mantiene el reparto de menores pese al plantón del PP y la Generalitat denuncia una reunión “ilegal”

La falta de quórum volvió a bloquear la Conferencia Sectorial de Infancia, pero el Ejecutivo insiste en que la reubicación de menores migrantes no acompañados seguirá adelante.

La disputa política por el reparto de menores migrantes no acompañados ha vuelto a evidenciar la fractura entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La ausencia de la mayoría de estas autonomías en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia impidió su celebración, al no alcanzarse el quórum necesario.

A pesar de ello, el Ejecutivo asegura que el proceso de reubicación no se detendrá. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia defienden que el sistema continuará su curso, apoyándose en el marco legal aprobado en 2025 para distribuir a los menores desde territorios especialmente tensionados, como Canarias o Ceuta.

Una reunión suspendida que agrava el conflicto

La convocatoria tenía como objetivo avanzar en el reparto de menores entre comunidades, una medida considerada clave para aliviar la presión en las zonas de primera llegada. Sin embargo, el boicot de la mayoría de gobiernos autonómicos del PP volvió a dejar sin efecto el encuentro.

Solo algunas autonomías participaron, ya fuera de forma presencial o telemática, lo que evidencia la división territorial en torno a esta cuestión.

El Gobierno acusa al PP de bloquear el sistema

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado la actitud del PP como “lamentable” y ha acusado a la formación de utilizar el bloqueo institucional como herramienta política.

Desde el Ejecutivo consideran que la negativa de estas comunidades no responde únicamente a cuestiones técnicas, sino a una oposición de fondo al modelo de reparto y a la corresponsabilidad en la acogida de menores migrantes.

La Generalitat se suma al rechazo

La Comunitat Valenciana se alineó con el resto de autonomías gobernadas por el PP y decidió no participar en la reunión. La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, justificó la ausencia asegurando que la convocatoria era “ilegal”.

Según la Generalitat, la reunión no cumplía los procedimientos necesarios, por lo que cualquier acuerdo adoptado carecería de validez jurídica. Además, el Consell critica que el Gobierno intente imponer traslados sin suficiente financiación ni consenso.

Un sistema de acogida tensionado

Uno de los principales argumentos de las comunidades críticas es la saturación de los sistemas de protección autonómicos. Denuncian que el Estado pretende trasladarles una responsabilidad sin dotación económica suficiente.

Mientras tanto, territorios como Canarias continúan soportando una elevada presión migratoria, con miles de menores en centros de acogida que llevan meses al límite de su capacidad.

Un conflicto político de fondo

El enfrentamiento ha superado el ámbito técnico y se ha convertido en un pulso político de primer nivel. El Gobierno defiende que se trata de garantizar los derechos de la infancia y repartir la carga de forma equitativa.

El PP, por su parte, sostiene que el modelo es impuesto, mal financiado y que invade competencias autonómicas.

Qué puede pasar ahora

Todo apunta a que el Ejecutivo intentará seguir adelante con el reparto mediante el marco legal ya aprobado, lo que podría derivar en nuevos recursos judiciales y más tensiones institucionales.

La Generalitat Valenciana ya ha dejado claro que no descarta impugnar el proceso si considera que vulnera sus competencias.

Conclusión

La Conferencia Sectorial no se ha celebrado, pero el conflicto sigue abierto. El Gobierno mantiene su intención de avanzar con el reparto de menores migrantes no acompañados, mientras las comunidades del PP, incluida la Comunitat Valenciana, refuerzan su oposición tanto en el plano político como jurídico.

En medio de este enfrentamiento, el sistema de acogida continúa tensionado y la solución, una vez más, queda pendiente de acuerdo.