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El Gobierno de España ha rechazado el 68% de las solicitudes planteadas por la Generalitat Valenciana para obtener ayudas destinadas a las familias, obras de reconstrucción y sectores productivos que buscan recuperarse tras la Dana ocurrida el pasado 29 de octubre en Valencia. Según fuentes de la administración, la mayoría de las propuestas elaboradas por los grupos de trabajo conjuntos del Gobierno central y autonómico han sido desestimadas. Estos grupos fueron creados para coordinar una respuesta rápida y eficaz a la crisis en las áreas afectadas, con reuniones periódicas entre consellers y ministros durante los últimos cinco meses para decidir dónde destinar las inversiones necesarias.
La Generalitat informa que de las 58 propuestas formuladas por los consellers, solo 18 han sido aprobadas. Los rechazos afectan sectores como salud mental, vivienda, servicios sociales, infraestructuras y educación. La administración autonómica señala que el Gobierno central ha negado ayudas a fondo perdido para la reconstrucción de la región y ha condicionado la entrega de fondos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Esto ha obligado al Consell a incrementar su deuda en cerca de 4000 millones de euros.
Entre los proyectos más afectados se encuentra el rechazo de 1.134 millones de euros para la dotación de equipamientos en colegios e institutos, 250 millones para reparaciones en centros de día y otras infraestructuras de atención sociosanitaria, y 140 millones para infraestructuras y material sanitario. La Generalitat también critica al Gobierno por excluir a 28 municipios afectados de los planes de ayuda para la reconstrucción y por no colaborar en la financiación de la tarjeta de transporte gratuito ni en proyectos de recuperación de infraestructuras como carreteras, Metrovalencia, depuradoras, puertos y parques naturales. Obras valoradas en 550 millones de euros han sido realizadas por la Generalitat, pero hasta ahora el Ministerio ha prometido solo 100 millones para depuradoras, y las demás propuestas están en evaluación por el Ministerio de Hacienda.
En cuanto a vivienda, la Generalitat solicitó la exención del IBI de 2025 para propiedades dañadas y 3 millones para la rehabilitación de viviendas afectadas. También pidió a la Sareb la cesión de 1.050 viviendas para realojar a personas afectadas, de las cuales 500 están en zonas golpeadas por la riada, pero solo se han entregado 92.
En el ámbito de sanidad, las unidades de emergencia de salud mental para afectados, previstas para febrero, aún no se han implementado. El Gobierno ha reducido estas unidades de 14 a 9, con 8 para la Comunitat Valenciana y una para Castilla-La Mancha.
Desde la Generalitat, se argumenta que la capacidad de financiación y endeudamiento del Gobierno central es mayor que la autonómica. Por eso, consideran que el esfuerzo realizado por Valencia es desproporcionadamente superior. Además, insisten en que la Comunitat Valenciana es la región peor financiada del Estado y que no hay planes para reformar el sistema de financiación autonómica ni para aprobar un fondo de nivelación transitorio que compense esta infrafinanciación estructural.
