El Gobierno ultima un decreto de vivienda con más protección ante las subidas del alquiler y los desahucios

descarga (1)El Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley de vivienda, para el que ya tiene prácticamente cerrado un acuerdo con Podemos, en el que limita al IPC las subidas interanuales dentro de los contratos de alquiler y mejora las garantías en los desahucios.

La intención del Ejecutivo es llevarlo este mismo viernes, antes de que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes por las elecciones generales del 28 de abril. Según fuentes de la formación morada, el acuerdo está “casi cerrado“, aunque el último borrador no contiene la medida pactada con Podemos para habilitar a comunidades autónomas y ayuntamientos a limitar los precios de los alquileres en las zonas más afectadas por la escalada de precios.

Así, según estas fuentes, el decreto menciona el sistema de índices que deberá aprobar la Administración central y sobre éste las CC.AA. podrán elaborar índices propios. Desde Podemos alegan que este punto no sirve para regular los precios, y que se necesitaría una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), norma que dice que los precios se fijan de mutuo acuerdo entre arrendado y arrendatario.

En todo caso, sí que se establece en el borrador del decreto que las subidas interanuales en los contratos se vinculen de forma obligatoria al IPC, con el fin de que no puedan establecerse tramos con mayores subidas en los contratos. Se mantiene en cinco años la duración mínima de los alquileres, que se eleva a siete si el propietario es una empresa.

Fecha y hora del desahucio

El decreto recoge diferentes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de introducir mayores garantías en los desahucios que afecten a personas en situación de vulnerabilidad, ya que los juzgados deberán de oficio ponerse en contacto para comprobar esta situación.

Así, el borrador establece que, ante todo caso de desahucio, los juzgados deberán contactar con los servicios sociales y, de detectarse una situación de vulnerabilidad, este deberá aplazarse un mes si la propiedad una persona física, y tres meses en caso de ser una empresa.

Asimismo, los lanzamientos de la vivienda que dictamine un juez deberán especificarse con fecha y hora exacta, y no con fecha abierta, aunque este aspecto está aún pendiente de confirmarse con el Ministerio de Justicia.

El inquilino tiene más garantías ya que se le exime de asumir los gastos de formalización y gestión del contrato, que tendrá que asumir el arrendador cuando este sea una empresa. Se amplían los plazos de preaviso cuando no vaya a renovarse un contrato, serán de cuatro meses para los inquilinos y dos meses para la propiedad.

Otro cambio es que las condiciones fijadas en un contrato tendrán que ser respetadas en caso de que la propiedad cambie de manos, una obligación que el anterior decreto solo fijaba para los contratos inscritos en el Registro de la Propiedad.

Por otro lado, cuando el arrendador desee recuperar el piso por necesidad antes del plazo mínimo, estas causas de necesidad deberán constar en el contrato y en el momento de comunicarse el vencimiento anticipado del contrato tendrán que especificarse.

Segundo intento

Recientemente, el pasado 19 de febrero, el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, reconoció que el Ministerio de Fomento no descartaba volver a llevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto en materia de vivienda tras haber sido tumbado el anterior en el Congreso con el rechazo del PP, Ciudadanos, ERC y Podemos, que ya avanzó su voto en contra al entender que no incluía las medidas pactadas con el Ejecutivo para apoyar los Presupuestos de 2019.

Con respecto a los desahucios, tras los registrados en las últimas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha instado a las fuerzas políticas a llegar a acuerdos para acabar con el “drama de la vivienda en España”.

El decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 14 de diciembre y que no fue convalidado por el Congreso, ha sido el cuarto que se tumba desde que está vigente la Constitución de 1978 y el primero del Gobierno de Pedro Sánchez.

 

 

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