Índice de contenidos
La asesora Cristina Álvarez será juzgada por malversación; el magistrado no impone fianza ni medidas cautelares, pero reclama las cinco últimas declaraciones de la renta de Gómez
El juez Juan Carlos Peinado ha dictado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La causa será juzgada por un tribunal del jurado. También se sentará en el banquillo su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en su caso por un presunto delito de malversación.
La decisión pone fin a una instrucción iniciada hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia de Manos Limpias. El auto llega pocos días antes de la jubilación del magistrado.
¿Qué atribuye el juez a Begoña Gómez?
Peinado considera que existen indicios suficientes para que sea un tribunal el que determine si Gómez incurrió en tráfico de influencias en relación con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid.
El instructor sostiene que pudo aprovechar su posición como esposa del presidente del Gobierno en el desarrollo de su trayectoria académica y en las relaciones vinculadas a la cátedra que codirigía. Estas son las tesis del juez que deberán ser examinadas en el juicio y no hechos declarados probados.
En cuanto a la malversación, la investigación se centra, entre otros aspectos, en el trabajo desarrollado por Cristina Álvarez como asesora y en determinadas actuaciones relacionadas con el software de la cátedra.
Cristina Álvarez también irá a juicio
La asesora de Gómez será juzgada por un presunto delito de malversación.
Peinado considera que prestó de forma continuada asistencia a Gómez en cuestiones relacionadas con la cátedra y el programa informático investigado. De nuevo, será el juicio el que determine si estas actuaciones constituyeron delito y cuál fue, en su caso, la responsabilidad de cada acusada.
Sin fianza ni medidas cautelares
El juez ha rechazado imponer medidas cautelares o exigir una fianza a las acusadas.
Sí establece que ambas deberán permanecer a disposición del juzgado y posteriormente de la Audiencia Provincial de Madrid, comunicando cualquier cambio de domicilio o paradero.
Además, Peinado quiere conocer la capacidad económica de Begoña Gómez ante las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del procedimiento.
Para ello ha ordenado obtener a través del Punto Neutro Judicial sus cinco últimas declaraciones del IRPF.
La Complutense cifra en 113.000 euros el perjuicio
La Universidad Complutense de Madrid, personada como perjudicada, ha cuantificado en 113.000 euros el supuesto perjuicio patrimonial relacionado con los hechos investigados.
La Fiscalía y las defensas han mantenido posiciones contrarias a las acusaciones y solicitan la absolución, mientras la acusación popular mantiene su petición de condena.
Ahora será la Audiencia de Madrid la que fije el juicio
Tras la apertura de juicio oral, la causa se remitirá a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá continuar la tramitación y señalar posteriormente la fecha.
Begoña Gómez llegará al juicio bajo la presunción de inocencia, y corresponderá al tribunal del jurado valorar las pruebas y decidir sobre las acusaciones de tráfico de influencias y malversación.

