Con sueldos que no alcanzan la media nacional y una inversión tecnológica que ha pasado de 9 a 32 millones de euros, los funcionarios judiciales de Valencia denuncian una gestión caótica y un abandono institucional difícil de justificar. Porque sí, también en la Justicia se “actualiza por suscripción”.
Hay veces en las que uno se pregunta si alguien en la administración pública está jugando a los Sims con nuestras instituciones. Porque lo que está ocurriendo en el ámbito de la Justicia valenciana no es solo un cúmulo de errores, sino un ejemplo casi perfecto de cómo no gestionar recursos humanos ni tecnológicos.
Funcionarios judiciales que cobran 300 euros menos que la media nacional, un sistema informático que no funciona y que, para más escarnio, ha costado más del triple de lo presupuestado… y todo eso envuelto en un silencio institucional que ya ni se esfuerza en disimular la indiferencia.
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¿Quiénes son los que protestan? Gente que aún cree en la Justicia
Bruno Antuña, presidente autonómico del sindicato CSI·F Justicia, no está para rodeos. Ni para excusas. Denuncia que mientras se argumenta que “no hay dinero” para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, se han invertido ya 32 millones de euros en una aplicación que no cumple con lo prometido. Sí, has leído bien: 32 millones. Por una app. Que encima es peor que lo que había.
Pero no adelantemos acontecimientos. Empecemos por el principio de este embrollo, que es más enrevesado que una novela de Agatha Christie pero con menos glamour.
Justa: una aplicación con nombre irónico y factura obscena
Lo de Justa (sí, con J, aunque algunos dicen que debería ser con G de “gasto”) daría para miniserie de sobremesa. Esta aplicación de gestión procesal fue adjudicada inicialmente a Indra por 9 millones de euros. Pero claro, como en todo buen culebrón administrativo, los costes “evolucionaron” hasta llegar a una friolera de 32 millones. ¿Y el resultado? Una plataforma que los propios funcionarios tienen que ayudar a depurar y mejorar mientras trabajan.
Como bien ironizaba Antuña: “Esto no es como comprarte el Excel. Tú instalas el Excel y funciona. Aquí, no. Aquí lo compramos y nos toca desarrollarlo mientras lo usamos”. Y eso, amigos, no es tecnología punta, es una chapuza institucional a gran escala.
¿Por qué pagar por algo que ya existe y funciona?
Lo más sangrante de todo es que el Ministerio de Justicia ofrece gratuitamente una aplicación llamada Minerva, que funciona correctamente y que ya ha sido adoptada por comunidades como La Rioja o Asturias. El sistema viene con mantenimiento, actualizaciones y soporte técnico incluido. Gratis. Por si no ha quedado claro: G-R-A-T-I-S.
Y sin embargo, Valencia ha decidido no utilizarla, optando por un sistema propio (Justa) que no solo es más caro, sino que requiere pagar por cada actualización futura. Porque sí, el modelo de negocio parece sacado de una app móvil: si quieres que funcione bien, hay que pagar. ¿Quién aprueba estas decisiones? Buena pregunta. Aún sin respuesta.
Una protesta que suena más fuerte, aunque no baje todo el mundo
Frente a la Ciudad de la Justicia, unas 300 a 400 personas se manifestaron recientemente. Podría parecer una cifra modesta, pero en el contexto judicial es significativa. Muchos no pueden dejar sus puestos de trabajo para protestar. Otros, directamente, sienten que no servirá de nada. Pero algo empieza a moverse.
“Siempre pensamos que bajará otro compañero”, decía Antuña, resumiendo esa apatía funcional que tantas veces ha paralizado la protesta. Pero ahora, con el hartazgo tecnológico sumado a la brecha salarial, parece que la cosa cambia. Hay ganas de más movilizaciones si no se ofrecen respuestas claras. Y ya hay rumores de nuevas protestas si la consellera de Justicia sigue sin mover ficha.
Sueldo indigno + tecnología fallida = bomba institucional
A todo esto, no olvidemos el otro gran eje del descontento: los salarios. Porque no, no se trata solo del software. Lo que más escuece sigue siendo la diferencia retributiva con el resto del país. Cobrar 300 euros menos al mes por hacer el mismo trabajo no es solo injusto, es insostenible. Y aunque desde el gobierno autonómico se anunció una subida de 65 euros al mes en enero, eso no es más que un parche.
“Con esos 65 euros seguimos siendo los últimos”, subraya Antuña. Por eso lo que se pide es algo tan básico como un acuerdo plurianual que permita equipararse a la media nacional. Porque si el Ministerio ya ha establecido estándares, ¿por qué Valencia sigue por debajo?
¿Quién gana con este despropósito?
La gran pregunta, claro está, es quién se beneficia de todo este modelo. Porque si hay una herramienta que funciona y es gratuita, pero se opta por desarrollar una nueva a precio de oro, alguien tiene que estar ganando algo. Y no, no son los funcionarios, ni los ciudadanos.
La sombra del interés privado sobrevuela la gestión tecnológica de la administración. Cada actualización de Justa costará dinero. Cada modificación estructural implicará una nueva factura. Mientras tanto, los profesionales que hacen funcionar el sistema judicial se ven obligados a trabajar con herramientas defectuosas y con sueldos desactualizados. Algo huele mal. Y no es solo el software.
Lo que está en juego no es solo dinero
Aunque la discusión parece técnica o económica, en el fondo se trata de dignidad profesional y eficiencia pública. Porque un sistema judicial que depende de una herramienta en pruebas, que se actualiza a golpe de talonario, y que se gestiona sin consultar a quienes lo usan a diario, no puede aspirar a ser ni ágil ni justo.
Y no olvidemos al ciudadano, que es el gran perjudicado en todo esto. Porque los retrasos judiciales, la saturación de expedientes y la desmotivación del personal no afectan solo a los funcionarios. Afectan a todos.
¿Hasta cuándo se seguirá malgastando el dinero público en herramientas inútiles mientras los que hacen que la justicia funcione siguen esperando un trato digno?
