El Pazo de Meirás: del retiro de Emilia Pardo Bazán al símbolo de la memoria democrática

19/11/2025 · Redacción

De residencia literaria a imagen del poder franquista

Durante décadas, el Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), formó parte del paisaje simbólico del franquismo junto a espacios como el Valle de los Caídos o el Palacio de El Pardo. Lo que había nacido como refugio creativo de la escritora Emilia Pardo Bazán terminó convertido en residencia de verano del dictador y en escaparate de una forma de entender el poder, el Estado y el uso de los recursos públicos.

La historia de este pazo resume buena parte de los debates actuales sobre memoria democrática, expolio y reparación: cómo se apropiaron de él las élites del régimen, por qué se mantuvo en manos de la familia Franco tras la Transición y de qué manera la presión social y las instituciones acabaron devolviéndolo al patrimonio común.

El sueño arquitectónico de Emilia Pardo Bazán

El origen del pazo se remonta a finales del siglo XIX, cuando Emilia Pardo Bazán decide levantar en una finca familiar un espacio a su medida. En ese terreno ya había existido una fortificación del siglo XVI, pero fue la escritora quien, a partir de 1893, impulsó la construcción de las llamadas Torres de Meirás, siguiendo la estética neomedieval que triunfaba en Europa.

Allí, en la conocida como Torre de la Quimera, instaló su biblioteca y creó un espacio de trabajo y retiro en el que dejó una huella muy personal: títulos de sus obras esculpidos en capiteles y fachadas, referencias literarias y guiños a su universo creativo que convertían el edificio en una extensión de su propia biografía.

A la muerte de la autora, en 1921, la propiedad pasó a manos de sus herederas, Blanca Quiroga de Pardo Bazán y su nuera, Manuela Esteban-Collantes. El alto coste de mantenimiento llevó a la familia a estudiar fórmulas para desprenderse del pazo, incluso ofreciendo su uso a órdenes religiosas, sin que aquellas negociaciones cuajaran.

Suscripciones forzosas y “regalo” al jefe del Estado

Con la Guerra Civil avanzada y el bando sublevado ya en clara posición de fuerza, en 1938 se constituyó la Junta pro Pazo del Caudillo, integrada por autoridades y empresarios de la zona. Su objetivo: adquirir Meirás para ponerlo al servicio de la Jefatura del Estado. La compra se financió con un crédito y con aportaciones catalogadas como voluntarias, pero que en la práctica derivaron en suscripciones forzosas.

Numerosas familias de Sada y de los alrededores se vieron obligadas a contribuir, en un contexto en el que negarse a colaborar con el nuevo poder apenas era una opción. El pazo pasó así a vincularse al cargo de jefe del Estado, no a la persona de Francisco Franco como propietario privado.

Las antiguas dueñas no pudieron regresar para recoger pertenencias ni objetos personales de Pardo Bazán, que quedaron incorporados a la operación. Además, la finca fue creciendo mediante expropiaciones hasta alcanzar varias hectáreas de extensión.

Una compraventa simulada para inscribirlo a nombre de Franco

Años después, en 1941, se dio un paso más en la maniobra de apropiación. Mediante una escritura de compraventa, se hizo figurar que Franco adquiría el inmueble por una cantidad que nunca llegó a abonar. En realidad, se trataba de una operación instrumental que permitía transformar un bien destinado a la Jefatura del Estado en una propiedad privada inscrita a nombre del dictador.

Esa escritura, señalada por los investigadores como fraudulenta, fue clave décadas después para que los tribunales consideraran que el origen de la titularidad privada era inválido. También resultó determinante la documentación vinculada al empresario Pedro Barrié de la Maza, muy próximo a Franco y pieza central en la operación original.

Veranos de dictadura y propaganda

Durante el franquismo, Meirás funcionó como residencia estival de la familia Franco y como escenario de una puesta en escena muy cuidada: recepciones, actos oficiales, imágenes del dictador descansando mientras el yate Azor atracaba en el puerto de Sada… todo ello proyectaba la idea de un poder paternalista y ordenado que pretendía presentarse como garante de estabilidad tras la guerra.

Para muchos vecinos, sin embargo, el pazo se convirtió en recordatorio permanente de abusos y silencios: propiedades expropiadas, cambios forzados de uso de viviendas humildes para alojar a fuerzas de seguridad y una presencia constante de aparatos del Estado que condicionaba la vida del entorno.

Democracia, silencio y una herida abierta

Con la muerte de Franco en 1975, el inmueble continuó en manos de su familia, que lo recibió como parte de la herencia. La imagen de la viuda, hijos y nietos utilizando el pazo como residencia privada alimentó la sensación de impunidad entre buena parte de la sociedad gallega, mientras los sucesivos gobiernos democráticos evitaron durante años reabrir el debate sobre la propiedad.

En el ámbito local, Meirás seguía asociado al miedo y al dolor de quienes habían perdido tierras o casas. Testimonios como el del investigador Carlos Babío, cuya familia vio cómo su vivienda campesina era transformada en alojamiento para guardias civiles, ayudaron a visibilizar lo que el edificio representaba para muchas personas: un espacio de silencio impuesto más que un simple palacete histórico.

De Bien de Interés Cultural a la batalla judicial

La situación empezó a cambiar gracias al trabajo de asociaciones memorialistas, historiadores y colectivos vecinales. En 2008, la Xunta declaró el Pazo de Meirás Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obligaba a abrirlo al público varios días al mes. La familia Franco se opuso, pero el Tribunal Supremo avaló la decisión y en 2011 comenzaron las visitas.

El clima social se intensificó cuando, tras la muerte de Carmen Franco en 2018, los herederos anunciaron su intención de vender la finca. Ese mismo año, el Parlamento gallego reclamó por unanimidad la titularidad pública del inmueble y el Gobierno central acabó presentando una demanda para recuperarlo para el Estado.

Sentencias clave y devolución del pazo al Estado

La justicia dio un giro histórico en septiembre de 2020, cuando un juzgado de A Coruña determinó que el pazo era patrimonio del Estado y no de la familia Franco. La sentencia consideraba que la operación de 1941 había sido una simulación orientada a inscribir un bien público a nombre del dictador y subrayaba que el “regalo” se había hecho al jefe del Estado, no a Franco como particular.

En diciembre de 2021, los herederos entregaron las llaves, más de ochenta años después de la llegada de la familia al pazo. Paralelamente, otra resolución judicial estableció que centenares de objetos conservados en el interior, muchos vinculados a Emilia Pardo Bazán, formaban parte del Patrimonio Nacional y debían permanecer bajo tutela pública.

Hacia un Lugar de Memoria Histórica

La recuperación jurídica del Pazo de Meirás no ha cerrado todos los debates, pero sí ha abierto la puerta a resignificar el espacio. El Gobierno ha iniciado el procedimiento para declararlo Lugar de Memoria Histórica, una figura que pretende reconocer tanto la huella del franquismo como la lucha de quienes reclamaron su devolución.

Para los colectivos memorialistas, esa declaración es un paso indispensable: no se trata solo de quién figura como propietario en el registro, sino de cómo se explica lo ocurrido, qué relatos se incorporan a las visitas y cómo se convierten las piedras en herramientas de educación democrática.

Más de un siglo después de que Emilia Pardo Bazán imaginara en Sada un lugar de creación literaria, Meirás se prepara para una nueva etapa. Ya no como símbolo de poder personal, sino como espacio desde el que mirar de frente el pasado, asumir sus sombras y construir una memoria compartida que forme parte de una democracia madura.

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