El PP amplía su querella y acusa al hermano de Puig y al que consideran su socio de defraudar 1,2 millones más

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El PPCV ha ampliado la querella interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València por las ayudas al fomento del valenciano en medios de comunicación contra Enrique Juan Adell Bover, cuya familia es propietaria de varias empresas receptoras de subvenciones y a quien los ‘populares’ sitúan como “socio” de Francis Puig, hermano del ‘president’ de la Generalitat. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones de euros.

Así consta en la querella, firmada por la secretaria general del PPCV y diputada en Les Corts Eva Ortiz y consultada por Europa Press, en la que los ‘populares’ solicitan ampliar su querella inicial contra Adell Bover como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública y de malversación. Además, solicitan nuevas diligencias, como su declaración como investigado, así como la citación como testigo de varios altos cargos de la Conselleria de Educación; de la denunciante particular, expareja de un miembro de la familia Adell Bover; y solicitud de documentación relacionada con los expedientes de ayudas a estas empresas, a diversas instituciones.

En concreto, la ampliación de la querella sostiene que “los querellados se han valido de distintos mecanismos para asegurar incrementar ficticiamente los gastos en que incurrían sus mercantiles para así poder justificar subvenciones obtenidas a las que no hubieran tenido derecho o, de tenerlo, en un importe muy inferior”.

Con este fin, apunta a que utilizaron dos grupos empresariales: por parte de Francis Puig, Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, y por parte de la familia Adell Bover, de Kriol Produccions, Canal Maestrat y Nova. Todas ellas, a excepción de esta última, han sido objeto del expediente sancionador abierto por la Conselleria de Economía al observar “indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia” en el marco de una licitación pública para la contratación de un servicio de recursos audiovisuales.

“VÍAS PARA EL FRAUDE”

Los ‘populares’ exponen las “varias vías” que a su juicio habría utilizado tanto el grupo de Francis Puig como el de sus teóricos socios para “llevar a término el fraude”. En primer lugar, se refieren a la “doble utilización de gastos” de estas sociedades, “siendo que, además, muchos de ellos se corresponden con gastos fraudulentos”. De este modo, habrían obtenido subvenciones de varias administraciones “por los mismos conceptos y gastos” y, con ello, habrían “duplicado las cuantías obtenidas”.

“Para ello se valían de la presentación duplicada de las facturas tanto ante la Generalitat Valenciana como la Generalitat de Catalunya, así como también de la doble imputación de las nóminas de los trabajadores de las sociedades. Lo más grave es que en ocasiones los gastos que se presentaban en varias administraciones para justificar subvenciones por el mismo concepto y, por lo tanto, duplicadamente, se correspondían con facturas muy cuantiosas de otras sociedades del grupo que también habían sido subvencionadas por esos mismos conceptos, por lo que no solo duplicaban la subvención sino que incluso se podría decir que la triplicaban”, explican.

Otro de los mecanismos supuestamente empleados por estos grupos de mercantiles habría sido el de las “facturas cruzadas entre sociedades del mismo grupo o entre ambos grupos”. “Se trata –continúa el escrito– de facturas que no se corresponden con trabajos reales o que, de serlo, se trata de trabajos que ya han sido subvencionados en otra sociedad, de modo que con esta técnica se consigue duplicar los gastos a efectos de justificación de la subvención”.

Expone la querella que, teóricamente, una de las sociedades de Francis Puig compraba unos contenidos, por los que recibía una subvención del Gobierno valenciano, para después vendérselos “intragrupo” a otra de las mercantiles de su sociedad y que esta, a su vez, se hiciera con otra ayuda pública. A continuación, según el PP, estas dos firmas recibían ayudas por ese mismo concepto y contenido de la Generalitat de Catalunya. De este modo, con un único contenido, el grupo habría sido capaz de obtener ayudas hasta en cuatro ocasiones, dos por administración.

“AUSENCIA DE CONTROL”

A los ‘populares’ también les “llama poderosamente la atención” que “incluso una de las prácticas que se han detectado sea la de cargar a la Generalitat Valenciana como justificación de gasto varias veces la misma factura pero con distinto importe, emitida por otra empresa del grupo”. Así, desde el PP concluyen que “obviamente, esta práctica solo se habría podido realizar amparándose en la connivencia de la Administración de la Generalitat, que no comprobó la subvención tal y como exige la ley”.

A través de estos diversos mecanismos, la querella recoge un cálculo provisional de las cantidades supuestamente defraudadas, algo superior a 1,2 millones de euros, al tiempo que se asegura que esta cifra “ascenderá” tras las diligencias suplementarias que se proponen.

En cuanto a la implicación que presuntamente tendría Adell Bover en este caso, el PP ve “evidente” que las sociedades de Francis Puig actuaban como “una unidad funcional” y esta práctica se habría reproducido con las empresas de la familia Adell Bover.

A este respecto, la querella expone: “Llama poderosamente la atención el hecho de que ambos grupos empresariales sean beneficiarios de las mismas subvenciones reiteradamente pero, sobre todo, que lo sean cuando buena parte de los gastos que les sirven para justificarlas son consecuencia de facturas cruzadas entre las sociedades de ambas familias, de modo que se pone de manifiesto la intención fraudulenta de hinchar los gastos para obtener una mayor ayuda pública”.

ORTIZ: “ESTARÍAMOS HABLANDO DE UN FRAUDE DE DOS MILLONES”

En relación con esta ampliación de querella, en los pasillos de Les Corts, Eva Ortiz ha explicado que la pasada semana presentaron esta ampliación de denuncia tras ver posibles irregularidades.

“Cada semana –ha manifestado– que pasa encontramos nueva documentación. Lo que hemos puesto en conocimiento de la Justicia es que hay posiblemente facturas falsas, duplicidad de facturas en Cataluña y en la Comunitat Valenciana. Hemos detectado las mismas nóminas presentadas en Cataluña, en la Conselleria de Educación y en Economía de momento. Solicitamos además en esa ampliación la comparecencia de la testigo que en su día habló ante la fiscalía, porque entendemos que hay información que afecta directamente a esta causa”.

“Estaríamos hablando de en torno a un millón de euros por parte de los amigos del presidente y de otro millón de los hermanos del presidente”, ha señalado.

En ese sentido, ha deslizado que puede que no sea la última ampliación de querella que realiza el PP, ante la documentación que van recibiendo, contra “este cártel que se han hecho para conseguir subvenciones para ellos y sus amigos”.

 

 

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