El Partido Popular de Llíria impulsa medidas contra las okupaciones ilegales ante un aumento del 84% en el último año
La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llíria, Susi Subiela, ha presentado en un pleno extraordinario sobre seguridad diversas propuestas para combatir las okupaciones ilegales en la localidad. Según Subiela, este fenómeno está causando deterioro en los barrios y generando malestar entre los vecinos.
Durante su intervención, Subiela destacó que, “de acuerdo con el informe de la Policía Local de 2024, las intervenciones por okupaciones ilegales han aumentado un 84% con respecto al año anterior”. Además, señaló que se han llevado a cabo 657 acciones relacionadas con delitos contra la propiedad, y que las llamadas al 112 sobre seguridad ciudadana en Llíria son las segundas más frecuentes, solo por detrás de las emergencias sanitarias. Por ello, instó al Gobierno del PSOE y Compromís-MOVE a actuar para garantizar la seguridad en la ciudad.
La concejala subrayó la importancia de ayudar a las personas sin recursos, pero insistió en que “un okupa ilegal debe ser desalojado de inmediato, ya que cometer un delito no constituye un derecho”. Además, criticó al Gobierno local por oponerse sistemáticamente a las propuestas del PP sin ofrecer alternativas, a pesar de que los datos del Ministerio del Interior muestran un aumento continuo de la criminalidad.
Entre las medidas propuestas, Subiela sugirió la creación de una oficina antiokupación en Llíria y una unidad especializada de la Policía Local para abordar este problema. También propuso implementar un sistema de alerta móvil junto con la concesionaria Aqualia para notificar consumos inusuales de agua en propiedades vacías. Además, instó a reforzar la presencia policial en áreas con okupaciones, elaborar un registro de inmuebles ocupados ilegalmente y coordinar con otros cuerpos de seguridad para efectuar desalojos rápidos.
La edil también propuso, desde la perspectiva urbanística, evaluar la habitabilidad de las viviendas okupadas y formalizar convenios con las empresas eléctricas para identificar conexiones fraudulentas. Asimismo, defendió la colaboración público-privada para fomentar la construcción de viviendas asequibles y sugirió que el Ayuntamiento solicite al SAREB y otras entidades estatales suelo y viviendas para destinarlas a fines sociales.
