El Partido Popular de Llíria propone medidas contra las okupaciones ilegales ante el aumento del 84% en el último año
La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llíria, Susi Subiela, ha presentado en un pleno extraordinario sobre seguridad una serie de medidas para combatir las okupaciones ilegales en el municipio. Según comunicado del partido, este fenómeno está deteriorando los barrios y provocando malestar entre los vecinos.
Subiela ha destacado que, según la memoria de la Policía Local de 2024, las intervenciones por okupaciones ilegales han aumentado un 84% respecto al año anterior, registrándose 657 acciones por delitos contra la propiedad. Además, las llamadas al 112 por temas de seguridad ciudadana en Llíria son las segundas más frecuentes, solo por detrás de las relacionadas con temas sanitarios. Ante esta situación, ha instado al Gobierno local, formado por el PSOE y Compromís-MOVE, a abandonar la inacción para convertir a Llíria en una ciudad más segura.
La concejala subrayó la necesidad de asistir a las personas en situación de vulnerabilidad, pero insistió en que los okupas ilegales deben ser desalojados de inmediato, ya que “un delito no es un derecho”. Subiela denunció que la “ceguera política del PSOE y Compromís-MOVE” está destruyendo la ciudad y que la juventud se va de Llíria debido a los problemas de vivienda y falta de seguridad.
También criticó que el Gobierno local rechaza todas las propuestas del Partido Popular sin ofrecer alternativas, mientras los datos del Ministerio del Interior muestran un aumento continuado de la criminalidad.
Subiela propuso crear una oficina antiokupación en Llíria y una unidad especializada de la Policía Local para luchar contra la okupación ilegal. Asimismo, sugirió implementar un sistema de alerta móvil en colaboración con Aqualia para informar de consumos de agua inusuales en viviendas vacías, lo cual podría señalar una posible okupación ilegal.
Además, pidió reforzar la presencia de la Policía Local en áreas con viviendas okupadas, establecer un registro de estas propiedades y coordinar esfuerzos con otros cuerpos de seguridad para acelerar los desalojos en las primeras 24 horas. Desde urbanismo, abogó por sistematizar la disciplina urbanística para verificar la habitabilidad de las viviendas okupadas, trabajando de manera transversal con otros servicios municipales como los Servicios Sociales.
Finalmente, Subiela propuso que el Ayuntamiento de Llíria firme convenios con las compañías eléctricas para detectar conexiones fraudulentas y localizar nuevas okupaciones, además de fomentar la colaboración público-privada para el desarrollo de viviendas de alquiler asequibles. También sugirió que el municipio solicite al Estado suelo y propiedades a través del SAREB para destinarlas a vivienda social y asequible.
