Valencia Noticias | Agencias.- José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, ha dado diez días de plazo al PP para que abone la fianza como responsable civil subsidiario, que en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas sobre la supuesta caja B del PP se fijó en 1,2 millones de euros, informó rne en sus noticias.
De la Mata ordenó al PP abonar esta cantidad al comprobar que no fue satisfechas la totalidad de las fianzas reclamadas como responsables civiles directos a los principales acusados (los extesoreros del PP Luis Bárcenas con 8,9 millones de euros; Álvaro Lapuerta, con 8,9 y Cristóbal Páez, con 7,4) y tampoco lo ha hecho el despacho de arquitectos Unifica, el que reformó la sede del PP en la calle Génova y que debía pagar 577.249 euros.
“No alcanzándose a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas a los acusados y responsables civiles directos antedichos, procede requerir al Partido Popular, en su condición de responsable civil subsidiario, en la persona de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el auto de apertura de juicio oral”, explica.
El partido dispone de 10 días para no ser embargado
Este lunes mismo un abogado del PP ha comparecido ante el juez De la Mata, que le citó el pasado viernes, y según han informado a Efe fuentes de la formación se le ha dado un plazo de 10 días para cubrir la cantidad que quede por abonar por parte de los acusados -algunos de los cuales han pagado parte de las fianzas-, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución. Esta cantidad obedecía a las cantidades defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares.
De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con ‘cajas B’, que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar “gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido”.
Así constaba en el auto del pasado mayo en el que abría juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.
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