El PP demandará al Consell por malversación, nepotismo y tráfico de influencias por las ayudas a medios para el fomento del valenciano

 

Beatriz-Gasco-Jaume-Bronchud-PP_EDIIMA20180504_0091_4El PP valenciano presentará de manera “inminente” una demanda contra la Generalitat Valenciana por malversación, nepotismo y tráfico de influencias en la concesión de ayudas para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación que pertenecen a familiares del presidente, Ximo Puig, según ha avanzado la diputada en las Corts Beatriz Gascó.

En una rueda de prensa, Gascó ha explicado que han detectado “irregularidades” en la concesión de subvenciones para fomento del valenciano en medios de comunicación “para beneficiar a empresas de familiares del president Puig que han incrementado estas ayudas en un 1.600%”.

Así, ha dicho, “ante las negativas de Educación”, han acudido al TSJCV para iniciar el procedimiento judicial con la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la concesión de las subvenciones concedidas a Mas Mut Produccions SLU y Comunicacions dels Ports SA. “Finalizado el plazo, el grupo popular va a presentar la consiguiente demanda contra la Generalitat por nepotismo, malversación y tráfico de influencias. Vamos a mantener el proceso para que los tribunales decidan si hay irregularidades y sus consecuencias”, ha indicado la portavoz de Educación del PP.

“Hemos detectado numerosas irregularidades y como a través de la vía administrativa no hemos conseguido la documentación que lo aclare, ahora vamos a utilizar todos los cauces legales para conocer qué está pasando. Todo lo que rodea este procedimiento genera dudas y es muy sospechoso, tanto el texto de las órdenes como la forma de resolución y en base a qué se han resuelto”, ha indicado.

La parlamentaria ha explicado que “la convocatoria de 2015 estaba lista y se dejó, por cuestión de prudencia, sobre la mesa para el siguiente Consell” cuando el PP dejó de gobernar, “pero tardaron cinco meses en publicarla, lo hicieron in extremis en diciembre porque se agotaba el tiempo”. Su sorpresa, ha proseguido, fue “ver cuáles eran las modificaciones para retrasar el expediente” y que “uno de los requisitos que había desaparecido era que las empresas debían tener la licencia y una de las empresas que se beneficiaban de ello era una de las empresas de familiares del president de la Generalitat”.

Asimismo, ha recordado que “en el pleno del Consell de abril 2016, Puig se ausentó porque un familiar directo iba a recibir una licencia. Qué casualidad que en 2016, cuando esta empresa ya tenía la licencia, se vuelve a establecer la necesidad de esa licencia como requisito en el expediente”. “Alguien malpensado podría concluir que se adaptaron las circunstancias a esta empresa. Cuando son un cúmulo de casualidades el tema empieza a ser sospechoso”, ha incidido.

Beatriz Gascó se ha referido a más modificaciones en el texto de la orden: “Las ayudas al sector iban para radios y televisiones, pero Marzà lo amplía a medios digitales y escritos. Nuestra sorpresa es que la empresa de familiares de Puig se presenta a todo. Gracias a las modificaciones, poder optar sin licencia y en todas las modalidades, estas empresas pasan de recibir 6.000 euros a 100.000 euros, un 1.600% más”.

Según ha dicho, “las modificaciones parecen hechas ad hoc para favorecer a estas empresas” y, además, “aparecen como justificantes de gastos el pago del alquiler de un local a Joaquín Puig Mestre, padre del president de la Generalitat, y la contratación de un hijastro”, lo que no es para el PP “ético ni estético”.

Justificación de subvenciones

La diputada también ha explicado que han detectado “irregularidades” en la justificación de la subvenciones a estas empresas en base a los espectadores: “Ellos dicen que tienen 55.000 espectadores en la tele pero ningún técnico se pone en contacto con ellas para pedir aclaraciones como hacen con otras empresas. En los oyentes de radio, según ellos, tienen casi el 100% de los oyentes de la zona en la que emiten. O en prensa digital: tienen el 70% de las visitas en castellano. Y es una página web que no escribe en castellano”.

Asimismo, ha indicado que “Comunicacions Els Ports subcontrata a Mas Mut Produccions, cuando los accionistas son los mismos. A su vez Mas Mut subcontrata a otra empresa, pero todas se presentan a las ayudas. No es que sea ético o estético, es que es ilegal al incumplir la Ley de subvenciones. Nos parece grave y nos pusimos en contacto con la Conselleria de Educación. Ni siquiera se molestaron en mirar el expediente”.

“Nos ocultan información”

La portavoz popular ha afirmado que “hay irregularidades desde el minuto uno y nadie nos da ninguna explicación. Cuando Marzà aseguró la semana pasada en la comisión que no había irregularidades en la subvención mintió. No sabemos por qué ocultó información y no quieren dar la cara”.

“Hemos intentado agotar antes todas las vías administrativas pero no ha sido posible. Nos ocultan información de forma reiterada a nosotros y al juzgado”, ha criticado.

Por todo ello, “ante las negativas” de Educación, el PP ha acudido al TSJ con un procedimiento judicial “con la interposición de un recurso contencioso-administrativo al que, finalizado el plazo, se añadirá la consiguiente demanda contra la Generalitat por nepotismo, malversación y tráfico de influencias: Vamos a mantener el proceso para que los tribunales decidan si hay irregularidades y sus consecuencias”.

Empresas en Catalunya

“Este mismo galimatías delas empresas de familiares de Puig se aplica también a otras empresas con domicilio fiscal en Catalunya”, ha advertido, ya que “se cometen irregularidades porque en la convocatoria del 2014, con el PP, se decía que podían optar a ayudas las empresas en el ámbito de la Comunitat Valenciana; en 2015 intervienen tres empresas catalanas y se les conceden casi 100.000 euros. ¿Cómo es posible si no cumplen las bases?”.

Después, ha apuntado, “se dieron cuenta de que habían metido la pata y lo modificaron en la orden de 2016, ampliando a emisión en otros territorios. Al final concurren 7 empresas y reciben casi 300.000 euros”, ha añadido.

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