El enfrentamiento político en torno a las encuestas públicas da un paso más. El Partido Popular ha anunciado que presentará una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, por un posible delito electoral relacionado con la elaboración y difusión de sondeos.
La decisión se ha hecho pública tras una comparecencia de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, quien ha señalado que existen indicios de que se habría vulnerado la legislación electoral vigente.
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Acusaciones de manipulación en los sondeos
Desde el PP sostienen que los estudios publicados por el CIS habrían sido alterados con el objetivo de favorecer al Gobierno. Según Gamarra, se trataría de una actuación que iría más allá de la interpretación estadística y que podría suponer una manipulación de datos con consecuencias en la opinión pública.
La dirigente popular ha afirmado que estas prácticas tendrían como finalidad influir en la intención de voto de los ciudadanos, alterando así el equilibrio del proceso democrático.
Señalamientos directos al Gobierno
En su intervención, Gamarra también ha extendido las críticas al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, al que acusa de hacer un uso partidista de un organismo público que, en teoría, debería mantener independencia técnica.
Desde el PP consideran que el papel del CIS ha dejado de ser el de un instrumento demoscópico neutral para convertirse, según sus palabras, en una herramienta al servicio de intereses políticos.
Posibles implicaciones legales
La querella se fundamentaría en una posible vulneración de la ley orgánica del régimen electoral general, en concreto en los artículos que regulan la neutralidad institucional durante los procesos electorales.
Los populares sostienen que, si se confirma la existencia de irregularidades, no solo deberían derivarse responsabilidades políticas, sino también consecuencias en el ámbito penal.
Un debate recurrente sobre la credibilidad del CIS
La polémica en torno al CIS no es nueva. En los últimos años, diferentes formaciones han cuestionado la fiabilidad de sus encuestas y la metodología empleada en algunos barómetros.
El anuncio de acciones judiciales eleva ahora el conflicto a otro nivel, trasladándolo al ámbito de los tribunales y reabriendo el debate sobre la independencia de los organismos públicos y su papel en el contexto político.
A la espera de respuesta
Por el momento, no se ha producido una respuesta oficial por parte del organismo ni de su presidente. La presentación de la querella marcará el inicio de un proceso que podría tener recorrido judicial y repercusión política en los próximos meses.
Mientras tanto, el caso vuelve a situar en el centro del debate la influencia de las encuestas en la percepción pública y en el comportamiento electoral.
